La Comunidad de Madrid rechaza acabar con la externalización de los intérpretes de lenguas de signos

“Como el resto de personal que trabaja de forma directa con el alumnado”. Con esta coletilla, la plantilla de intérpretes de lengua de signos y asesores sordos confiaba en que la Comunidad de Madrid pusiera punto y final a la externalización de un servicio clave. Sin embargo, la Consejería de Educación ha ignorado las peticiones (y las manifestaciones) avanzando en un nuevo contrato.

Nunca fue su intención de revertirlo. Así lo ha ido dejando entrever en los últimos meses y así lo han confirmado los propios profesionales. A finales de enero, el Gobierno autonómico ya sacó el nuevo concurso para el servicio de asesores sordos; y en la recta final de 2018 hizo lo mismo con la externalización de los intérpretes de lenguas de signos.

A pesar de ello, el segundo de estos, el contrato de los intérpretes, quedó desierto. Parecía una oportunidad para que la Consejería de Educación asumiera el control del servicio. Pero esta semana, el 25 de marzo, según ha podido conocer EL BOLETÍN, ha vuelto a salir la misma licitación.

“El servicio seguirá externalizado, seguirá la subasta al mejor postor… seguirá nuestro problema laboral”, lamentan desde la plantilla.

Y el problema laboral no es otro del que se viene denunciando en los últimos meses donde los “continuos retrasos en el cobro de nuestras nóminas” está suponiendo un quebradero de cabeza. Ante este escenario y tras las reuniones con los trabajadores, la Consejería de Educación decidió un pequeño guiño.

“Nos insisten en que el presupuesto ha sido aumentado”, resumen los profesionales. Es decir, más dinero para la externalización. A pesar de este incremento, el concurso ya quedó desierto siendo solo la actual empresa encargada del servicio de intérpretes quien se presentó. La Comunidad de Madrid, por un problema de forma, tumbó su candidatura.

Ahora el Ejecutivo madrileño vuelve a la carga. Según fuentes conocedoras del proceso, no hay mejora presupuestaria para ‘atraer’ a las empresas; tan solo no se va a obligar a las empresas a depositar la garantía provisional. No obstante, el dinero extra que pone sobre la mesa la Consejería de Educación no termina de convencer.

El comité de empresa recuerda que hay un elemento en el sector a tener en cuenta: “Está a punto de publicarse el nuevo convenio colectivo de centros de atención especializada a personas con discapacidad del que dependemos actualmente”. Esto significa que, “tras más de seis años sin ningún tipo de subida salarial”, se prevé un incremento en las nóminas de los trabajadores.

Y ahí aparece el nuevo conflicto que ha identificado la plantilla: “El presupuesto de la licitación no va a poder cubrir el aumento. Nuevamente el presupuesto de la licitación se va a quedar muy por debajo de las necesidades económicas para prestar el servicio”. Al mismo tiempo cualquier imprevisto deja poco lugar a margen (indemnizaciones por despido, bajas, etc).

De esta manera, los profesionales no dudan en lamentar que “seguir externalizando el servicio provoca que este no sea prestado con las garantías suficientes”. Unas advertencias que lanzaron a la propia Comunidad de Madrid y de la que recibieron únicamente “buenas palabras y deseos de mejorar la situación”. Por detrás ya se estaba preparando el contrato.

Los intérpretes y asesores de sordos recalcan en que apostar por este camino es un círculo vicioso: las entidades ajustan sus presupuestos de licitación “al máximo posible”, por lo que “cualquier incidente” en el pago de la Administración se replica en “retraso en el pago de nóminas”. Todo afectando al servicio.

Sin ir más lejos, los retrasos han llegado a ser de hasta cuatro meses. Y en la actualidad, según confirma la plantilla a este medio, aún queda febrero por cobrar cuando marzo está a punto de terminar. Mientras, los profesionales concluyen reprochando que “al Gobierno de la Comunidad de Madrid no le gusta eso de asumir responsabilidades”.

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