Opacidad y posibles irregularidades. Sospechas que estos días se ciernen sobre la contratación menor de la Comunidad de Madrid, cuyos datos ha recopilado Izquierda Unida para estudiar si demanda a la administración madrileña por vulnerar la ley de transparencia y presuntas ilegalidades.
Hasta enero de 2017 la Comunidad de Madrid no publicó en su Portal de Transparencia los contratos menores realizados por las diferentes consejerías. “Lo hizo tarde, pues todas las administraciones tenían obligación de proporcionar estos datos desde 2015. Y lo hizo a medias, puesto que únicamente publicó los contratos menores adjudicados a partir de julio de 2015”, explica IU.
Pero además, lo hizo en un formato imposible para el común de los mortales: mientras en otras regiones basta con unos minutos para acceder a cualquier contrato público autonómico, la administración que desde 2015 dirigió Cristina Cifuentes publica la información con una configuración que requiere el uso de programación avanzada durante días, como explica El Confidencial. La plataforma solo permite bajar 50.000 expedientes de una vez, pero en dos años y medio hay más de 1,2 millones de expedientes menores.
Un trabajo que ahora ha realizado IU, extrayendo y agrupando por criterios unificados la ingente cantidad de contratos para que puedan ser consultados «de manera rápida y ágil», como debía permitir la administración madrileña.
Esas cifras contienen hechos sorprendentes: por ejemplo, hay 49.000 contratos para una misma empresa en apenas dos años y medio. Desde el 1 de julio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017 la región ha firmado 1.273.406 contratos menores con un importe total de 1.987 millones de euros. Esto supone que en torno al 15% de la contratación total de la comunidad. IU recuerda que esos contratos son el 8% en Cataluña o el 0,4% en el Ayuntamiento.
Estos números suponen un fuerte indicio de lo que se conoce como ‘troceo’ de contratos: dividir en pequeñas contratas los servicios y compras, adjudicados de forma directa, que de otra manera deben atravesar un proceso de licitación abierta, con límite de hasta 15.000 euros para servicios y de 50.000 para obras. Esta vía solo debe usarse para la contratación de carácter excepcional o no prevista. Su utilización abusiva se lee como una vía para sortear la contratación con publicidad y libre concurrencia de empresas y otros prestadores de servicios.
“Hay indicios de que los contratos menores son usados para incurrir en fraccionamiento cuando una contratación de importe elevado que acorde a la ley tendría que regirse por una licitación abierta, se desguaza y se convierte en varios contratos con importes más reducidos, logrando así evitar la competencia con otras empresas”, explica IU. Es una técnica prohibida y que la nueva legislación de contratos públicos, de enero de 2018, ha endurecido para evitar precisamente el fraccionamiento.
Las cifras extraídas por la formación de izquierda desvelan que los casos más llamativos en posibles troceos de contratos están en los suministros sanitarios. La empresa que recibió hasta 49.000 contratos esos dos ejercicios es Johnson& Johnson, pero no es la única: le siguen Medtronic Ibérica con unos 35.000 contratos, Normon Sa Laborat, con unos 24.000, y Braun Medical, con alrededor de 23.000.
Como se observa en el siguiente gráfico, hay alrededor de una veintena de empresas dedicadas a la sanidad y los fármacos que han recibido más de 5.000 contratos menores de la región madrileña en los dos años y medio analizados:
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