Hoy los portavoces de la Comisión han insistido en que se trata de “un procedimiento habitual” resultado de las reclamaciones y preguntas presentadas por muchos ciudadanos y organizaciones en Bruselas.
Aunque reconocieron que se trata de un asunto interno de España aludieron a que en otras ocasiones se ha requerido información a los estados miembros sobre posibles legislaciones en curso. Sin embargo, no encontraron un ejemplo concreto de reclamar información sobre una ley que no ha iniciado siquiera la tramitación parlamentaria.
La respuesta, el mismo miércoles, del ministro Bolaños hace hincapié en que no es el Gobierno si no los grupos parlamentarios quienes presentarán la iniciativa legislativa.
Además de mostrar su malestar por conocer el contenido de la misiva a través de los “medios de comunicación” el ministro español añade que dará cumplida cuenta al comisario y a la vicepresidente Vera Jourova sobre el contenido de la futura ley.
Didier Reynders, antiguo ministro de Exteriores de Bélgica, pertenece al mismo grupo político que el presidente del Consejo, Charles Michel, el Movimiento Reformador (MR) considerado de la familia liberal pero próximo a los conservadores.
Hasta ahora se había mantenido distante de las críticas a una posible amnistía amparándose justamente en que todavía no había propuesta legal alguna sobre la mesa.
Su actuación en este caso puede estar motivada por la insistencia de los portavoces parlamentarios del PP, Ciudadanos y Vox en reclamar la intervención de las autoridades europeas en este asunto. De hecho, especialmente en el PP y Ciudadanos, han celebrado el envío de la misiva como un éxito. “Esto no es un pacto de investidura si no la voladura del estado de Derecho” dijo ayer el portavoz de Ciudadanos Adrián Vázquez al referirse a la carta.
Por su parte Dolors Montserrat, portavoz del PP , celebra que “la UE actúe y agradecemos a la Comisión Europea que exija información al Gobierno ante la amnistía tras las denuncias que hemos venido haciendo desde el Parlamento Europeo, como cada día los ciudadanos al manifestar su indignación”.
En la carta de Reynders también se reclama la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Bolaños responde que es el PP el responsable de que no se haya producido esa renovación.
Es cierto que Reynders ha intentado forzar en varias visitas a Madrid la renovación del Consejo y que siempre ha manifestado su interés en que primero se sustituta los integrantes del mismo con el mandato caducado y después se proceda a un sistema en el que los jueces puedan elegir a parte de sus pares, pero el PP viene manteniendo el criterio contario. Primero se cambia la fórmula de elección y luego se cambia el Consejo.
Las posibilidades de que Bruselas intervenga en asuntos internos de los países miembros están claramente pautadas. En su carta Reynders establece claramente que “la Comisión sigue comprometida con el seguimiento y la defensa de los valores fundamentales de la Unión en todos los Estados miembros y seguirá trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto del Estado de derecho”.
Es decir que una posible intervención de Bruselas está vinculada exclusivamente a un posible incumplimiento de los derechos fundamentales de una democracia tal como los establecen los Tratados de la UE. Fuera de eso la ley no afectaría a ningún aspecto en el que tenga competencia la Comisión Europea.
