“Se trata de proteger a los ciudadanos y las empresas de los cada vez más frecuentes ataques fraudulentos a través de los aparatos digitales” aseguró el vicepresidente de la Comisión, Maragaritis Schinas en la presentación del documento. “Somos el primer continente que se plantea este asunto de accesos ilícitos a nuestros aparatos” recalcó el comisario Thierry Breton.
Según los datos de la Comisión cada 11 segundo se produce un ataque ilegal por medios digitales. La criminalidad digital supone unos 5.500 millones de euros anuales, una cifra muy elevada y en constante crecimiento. Para atajar el problema esta ley pretende mejorar la seguridad cibernética y reducir la vulnerabilidad de los aparatos y sistemas que se distribuyan en el mercado comunitario “como ocurre con los demás productos que tienen unas exigencias mínimas que hay que cumplir para vender en el territorio comunitario” según Breton. Dentro de Europa se calcula que el coste anual de las filtraciones de datos es de al menos 10.000 millones de euros, y el de los intentos maliciosos a través de Internet, de al menos 65.000 millones.
La ley tratará de garantizar que los productos con elementos digitales comercializados en la UE tengan menos vulnerabilidades y que los fabricantes sigan siendo responsables de la ciberseguridad durante todo el ciclo de vida del producto; mejorar la transparencia sobre la seguridad de los productos de hardware y software; y que los usuarios comerciales y los consumidores se benefician de una mayor protección e información más completa.
Como ejemplo de la falta de control de los aparatos electrónicos lo comisarios pusieron el ejemplo de las cada vez más frecuentes cámaras que se introducen en los hogares para la vigilancia de los mismos. “Hay que evitar que tengan puertas traseras para que acceden a través de ellas quienes intentan obtener una información para la que carecen de permisos” según Thierry Breton. Es decir que los datos personales estarán también protegidos por esta nueva normativa.
Una vez que la normativa entre en vigor, tras el paso por el Parlamento y el Consejo, las empresas productoras tendrán dos años para adaptarse a la nueva normativa.
