Unión Europea
La retirada inesperada de la directiva sobre demandas verdes por parte de la Comisión Europea supone un revés importante para las políticas ambientales del bloque. A pocos días de su aprobación formal, la decisión ha sorprendido incluso a los negociadores del Parlamento Europeo y ha avivado el debate sobre los límites del poder ejecutivo comunitario, en un momento clave para el futuro del Pacto Verde.
La Comisión Europea ha confirmado la eliminación de una directiva que buscaba combatir el greenwashing, es decir, la difusión de información engañosa sobre las prácticas ecológicas de las empresas. La propuesta, presentada en marzo de 2023, formaba parte del Pacto Verde europeo, una estrategia clave para la transición ecológica del continente.
Este anuncio se suma a una serie de retrocesos recientes en otras iniciativas del pacto, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que ha visto limitado su alcance debido a la adopción de los llamados documentos ‘ómnibus’ legislativos.
La propuesta de ley tenía como objetivo reforzar la veracidad de las afirmaciones ambientales de las empresas, protegiendo a los consumidores y asegurando condiciones justas en el mercado europeo
La decisión ha causado malestar entre los principales negociadores del Parlamento, como la socialista Delara Burkhardt y el liberal Sandro Gozi, que han criticado lo que consideran una «interferencia» por parte del Ejecutivo comunitario.
Desde el equipo negociador, se tilda la retirada como una medida unilateral y prematura, mientras que la presidencia polaca del Consejo de la UE ha reiterado su voluntad de continuar con el diálogo legislativo hasta recibir una instrucción formal de la Comisión.
«Es inaceptable que la Comisión interfiera descaradamente en los progresos realizados», declaró un miembro del Parlamento a Euronews
El acto de retirar una propuesta ya negociada plantea interrogantes legales. Aunque los tratados de la UE no otorgan explícitamente a la Comisión el poder de retractarse, una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2015 reconoció su derecho a hacerlo, siempre que existan razones justificadas como bloqueos institucionales o la obsolescencia del texto.
En este caso, ninguna de esas condiciones parece cumplirse, lo que ha generado inquietudes sobre un posible desequilibrio institucional y un uso indebido de los poderes de iniciativa legislativa del Ejecutivo comunitario.
La Comisión podría estar imponiendo un veto de facto a través de una interpretación laxa de sus competencias, lo que pone en entredicho el principio de colegislación
El contexto político no pasa desapercibido. En pleno 2025, con elecciones europeas a la vista y la Comisión liderada aún por Ursula von der Leyen, el retroceso en políticas verdes puede interpretarse como un gesto hacia sectores conservadores o industriales que presionan por una ralentización de la transición ecológica.
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