El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune - Farouk Batiche/dpa
La representante europea insistió en pedir a Argelia “que vuelva a examinar esta decisión” y añadió que “es un socio muy importante de la UE en el Mediterráneo y es un actor clave de la estabilidad regional”.
La Comisión está buscando fórmulas diplomáticas para encontrar vías de salida a la situación desatada como consecuencia del rechazo de Argel a la política española con respecto al Sahara. El análisis que se hace en la capital comunitaria es, se ha insistido en ello, “muy preocupante”. Llega en mal momento, justo cuando la Comisión acaba de aceptar la propuesta hispano-lusa para el mercado ibérico de energía, que pondrá coto al alto precio del gas, que en gran parte procede precisamente de Argelia. El Gobierno español descarta que el país africano vaya a poner fin al suministro y considera que cumplirá los contratos firmados al respecto.
Argelia no ha dejado de mostrar su malestar desde el giro que ha dado el Gobierno español en sus relaciones con Marruecos que ha implicado el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara. Ayer miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ratificó en el Congreso el cambio de posición de España que ha irritado a los responsables de Argel, principales defensores de la soberanía del Sahara y enfrentados a Rabat.
Inmediatamente el Gobierno argelino anunció la suspensión del Tratado de Amistad e inmediatamente después congeló las transacciones por comercio exterior que tuvieran relación con nuestro país. Se trata de medidas que bloquean las relaciones entre ambos países.
Sin embargo, este tipo de decisiones no pasan desapercibidas en la Unión Europea (UE) y dejan de ser un conflicto entre dos estados para convertirse en un asunto que afecta a Europa. El principal portavoz de la Comisión, Eric Mamer, ha recordado hoy que: “La política comercial es competencia de la UE y las relaciones comerciales son entre la Unión Europea y terceros países”. Es decir que si Argelia cierra la puerta a España tendrá que hacer frente a las consecuencias que se deriven de esa decisión en el resto de Europa. Y esa es la principal medida de presión del Gobierno español sobre el de aquel país
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