Así lo ha señalado en declaraciones a los medios Reynders antes de participar en Madrid en la apertura de Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC) junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón.
«Seguimos de cerca la situación en España, por supuesto», ha explicado para luego subrayar que entiende que tras las elecciones generales del 23-J se ha abierto un periodo de negociaciones para formar un Ejecutivo.
A pesar de esa atención que le merece la situación, el comisario europeo ha insistido en que sobre esa posible amnistía que podría impulsar el PSOE para lograr el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez por parte de Junts, ha aclarado que no se puede pronunciar dado que no ha visto «ningún borrador de documento». «Y sabe que a nivel de la Comisión, primero tenemos que tener documentos antes de decir algo», ha enfatizado.
«Ese texto de momento no está, así que de momento solo estamos siguiendo la situación, y no hacemos ningún comentario sobre la negociación», ha aseverado.
Por otro lado, en conversación informal, y preguntado por el estancamiento que vive España en relación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –con el mandato caducado desde 2018–, ha señalado que las recomendaciones de la UE siguen siendo las mismas y ha añadido que entiende en este periodo de formación de Gobierno no habrá avances.
INSISTE EN RENOVAR EL CGPJ
Cabe recordar que en julio de la Comisión Europea avisó a España de que el desbloqueo de la renovación del CGPJ era una «prioridad» y exigía que «inmediatamente después» de tal renovación se debía iniciar la reforma que permita que los siguientes nombramientos de este órgano de gobierno lo realicen los propios jueces, en línea con los estándares europeos.
Añadió además que la situación plantea a Bruselas «serias preocupaciones», ya que no se ha renovado el Consejo a pesar de la «urgencia» ni se han tomado medidas para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus miembros.
Así constaba en la lista de recomendaciones específicas que el Ejecutivo comunitario dirigió a España en su evaluación anual del Estado de Derecho en el conjunto de los Estados miembro, un examen que busca ayudar a los países a reforzar su orden democrático.
«Podemos observar una estabilización de la situación del Estado de Derecho en toda la UE, aunque es necesario seguir actuando», indicó la vicepresidenta comunitaria para Estado de Derecho, Vera Jourova, en una rueda de prensa para presentar los resultados y matizar que este diagnóstico no implica medidas ni sanciones por parte de Bruselas.
