La CNMC, resignada a que en Europa “caben menos bancos de los que hay ahora”

El proceso de concentración bancaria que se está viviendo en España -los cinco mayores bancos controlan más un 70% del mercado- ha sido uno de los asuntos sobre los que se ha referido el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, que ha avisado de que la autoridad de competencia está lista para actuar, pero que todavía no ha visto que se estén produciendo incrementos de precios o pérdidas de servicios para los ciudadanos.

Marín Quemada, que ha intervenido en un encuentro en Santander organizado por la APIE en el marco de los ‘Cursos de verano’ de la UIMP, ha reconocido que “las concentraciones producen inquietud en la CNMC cuando se transforman en incrementos de costes o pérdidas de calidad de servicio para los ciudadanos”.

¿Cuántas compañías de generación de energía caben en Europa, cuántas ‘telecos’, cuántos bancos?”, se ha preguntado: “Y la respuesta es la misma para todos ellos, menos de los que hay ahora”. En ese sentido, ha señalado que “la CNMC es cuidadosa de que cada vez que se autoriza esa concentración no perjudique a los ciudadanos”. “Nuestro deber es visualizar si esa concentración que se está produciendo es lesiva para los ciudadanos o no lo es”, ha apuntado Marín Quemada.

“En el momento en que parezcan costes, la CNMC lo analizará de una manera más exacta y puntual”, ha prometido el máximo representante de las autoridades de competencia españolas, pero “aún no estamos viendo que pase, como sí ha pasado en el sector de las telecomunicaciones o en el duopolio de las televisiones”. “En cuanto visualicemos que hay incrementos de precio injustificados o pérdidas de servicios pondremos en marcha nuestras herramientas”, ha prometido.

Durante su intervención inicial, Marín Quemada ha reconocido a título personal que las sanciones impuestas por la CNMC “aún no son verdaderamente disuasorias”, si bien se intenta seguir el principio de proporcionalidad. “No tenemos el objetivo de imponer sanciones”, ha explicado, “sino de que los mercados funcionen, pero hemos tenido que imponer más de 1.000 millones en sanciones” en los últimos cuatro años.

El presidente de la autoridad de competencia ha defendido, eso sí, que “no es cierto que no se paguen”. Lo que ocurre es que, dentro del Estado de Derecho, normalmente las empresas las avalan pero las recurren a la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. “Se pagan, pero es cierto que nos gustaría que se acortasen los plazos”, ha señalado Marín Quemada. En los últimos cuatro años se han aprobado 7.000 expedientes, unos 250 “de mucha importancia”.

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