Uber
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó ayer lunes el Tribunal Supremo una demanda formal contra el decreto que regula los vehículos de alquiler con conductor (VTC). El supervisor, a favor de la liberalización del sector del taxi para dar más espacio a compañías como Uber y Cabify, había presentado ya previamente un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra varias disposiciones de la normativa, sin embargo, ésta desestimó su competencia al respecto.
Como explica la Federación Española del Taxi (Fedetaxi), que ha dado a conocer la acción iniciada por el organismo regulador, se abre ahora “todo el proceso judicial en el que, de un lado, CNMC, Uber, Unauto y Cabify (los demandantes) y, de otro, el Ministerio de Fomento, Fedetaxi y varias asociaciones locales de taxistas (…) expondrán sucesivamente sus argumentos tanto a favor como en contra de la desregulación del transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas”.
Desde la Fedetaxi sostienen que tras este litigio existe una “pugna de poder velada entre Luis de Guindos y el Ministerio de Fomento”. “La CNMC utiliza para ir contra los taxistas la ‘joya de la Corona’ de Luis de Guindos, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado” apunta la asociación gremial, que subraya que el actual titular de Fomento, Íñigo de la Serna, “ya se ha posicionado claramente a favor del mantenimiento de la normativa vigente y del equilibrio y competencia leal entre ambos sectores”.
La CNMC señalaba en su recurso administrativo que el decreto aprobado por el Gobierno a finales de 2015 impone tres obstáculos a la competencia en el sector del alquiler de vehículos con conductor: los “límites cuantitativos” a la concesión de licencias VTC, las necesarias para el transporte de pasajeros, pues no se otorga más de una por cada treinta licencias de taxi; la prohibición de que los VTC puedan circular en las vías públicas en busca de clientes; y la imposición de un número mínimo de siete coches para poder operar en este mercado. A su juicio, estas limitaciones no están justificadas y perjudican la libre competencia del sector del alquiler vehículos con conductor.
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