La CNMC insiste en que la regulación sobre Uber y Cabify es “innecesaria y desproporcionada”

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La CNMC insiste en que la regulación sobre Uber y Cabify es “innecesaria y desproporcionada”

El supervisor asegura que varios aspectos del Reglamento de Transporte Terrestre (ROTT) restringen la competencia, perjudicando a los usuarios.

CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a insistir al Ministerio de Fomento que su regulación para los servicios alternativos al taxi, como Uber y Cabify, “limita la competencia, resulta innecesaria y desproporcionada” y “termina perjudicando a los usuarios finales”.

En esta ocasión, el regulador le da un tirón de orejas a la cartera dirigida por Íñigo de la Serna en su informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que Fomento prevé modificar diversas normas reglamentarias para adaptarlas a la Reglamento de Transportes Terrestres (ROTT) y a los cambios de la UE.

Las críticas llegan apenas un par de semanas después de otro informe en el que se analizaban los nuevos requisitos que se prevén imponer a los servicios de alquiler de vehículos con conductor (VTC), que ya calificó de “injustificados” y contrarios a la competencia.

En concreto, el supervisor que preside José María Marín Quemada recomienda eliminar varios aspectos del ROTT, como las exigencias a autobuses, camiones, VTC y ambulancias de tener una forma jurídica concreta, ausencia de ánimo de lucro y domiciliar las licencias en territorios concretos. También pide suprimir la obligación de que las “licencias de transporte tengan que estar vinculadas a vehículos concretos, que todos los vehículos deban estar matriculados en España, que cada operador deba disponer de una flota mínima de vehículos o que el operador solo pueda trabajar con personal de su plantilla”.

Critica además que se prohíba la constitución de nuevos servicios de transporte de viajeros por iniciativa privada, lo que en su opinión establece “la explotación de esos servicios en régimen de monopolio”. Señala finalmente que “se otorga un papel importante a las asociaciones de transportistas (mercancías y pasajeros) como colaboradores de la Administración”, algo que “es peligroso para la competencia” y “es discriminatorio respecto a los usuarios, a quienes no se reconoce de la misma manera”.

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