La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado la decisión del Gobierno de mantener en los Presupuestos Generales de 2017 el incrementó mínimo del 0,25% anual para las pensiones contributivas y aboga por mantener esta subida al menos hasta 2022 “en ausencia de medidas”.
No obstante, el supervisor de las cuentas públicas hace notar que este es el mínimo establecido por ley, es decir, que es de obligado cumplimiento que las pensiones suban al menos este 0,25%.
Sin embargo, sobre el papel (al margen de los topes legales) la realidad es otra. Según la AIReF, si se aplica de forma literal el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que se calcula en base a gastos e ingresos pasados y futuros, la previsión de altas y bajas y la prestación media, las pensiones deberían bajar un 3%. Esto teniendo en cuenta las proyecciones del Ministerio, si se aplicasen las proyecciones de la AIReF, la bajada sería aun más pronunciada, un 3,5%.
El pasado mes de febrero, el presidente del supervisor, José Luis Escrivá, cuando compareció en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, del Congreso de los Diputados, ya adelantó que, en ausencia de medidas, se tendría que mantener el incremento mínimo de las pensiones.
En este sentido, advirtió que sin medidas adicionales y pese a la mejora de la economía, el desequilibrio de la Seguridad Social se mantendrá en torno al 1,5% del PIB. Según afirmó Escrivá en ese momento, la única forma de hacer frente a este desequilibrio de la Seguridad Social sería aportando al sistema cada año una cantidad equivalente al 1,5% del PIB (en torno a 15.000 millones de euros anuales) hasta principios de la década.
Sea como sea, si el Gobierno mantiene la subida de las pensiones en el 0,25% anual los jubilados se enfrentarán a una notable pérdida de poder adquisitivo. De hecho, el pasado año la inflación cerró con una subida del 1,6%.
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