La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso que presentaron los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer contra la querella del PP. Esta formación les denunció en el caso del Mutua Madrid Open porque los dos ediles de Manuela Carmena denunciaron, a su vez, el convenio entre el Ayuntamiento y el Mutua Madrid Open ante la Fiscalía.
El juzgado provincial defiende ahora que ambos concejales están “investigados” (nueva figura para la antigua imputación). Los populares denunciaron a Mayer y Mato después de que éstos encargasen dos informes externos para denunciar presuntas irregularidadespenales en el convenio firmado entre el consistorio y la organizadora del Mutua Madrid Open, la empresa Madrid Trhophy Promotion (MTP), sellado en la época de Alberto Ruiz-Gallardón.
El PP les denunció por entender que al encargar esos informes externos por 50.000 euros incurrieron en malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario. Y Mayer y Mato recurrieron tal denuncia del PP y defendieron desde el inicio del proceso que Madrid Destino, como empresa municipal pero ajena a la estructura propia del Ayuntamiento, no es atendida por los servicios jurídicos del consistorio en la mayor parte de sus actividades.
Sánchez Mato y Mayer recurrieron la querella al entender que el PP carecía de que «capacidad jurídica para obrar y ejercitar acciones e interponer la querella». De hecho, entienden que se ha podido vulnerar su «derecho a tutela judicial efectiva, a un proceso con las debidas garantías y su derecho de defensa», recoge el texto, al que ha tenido acceso Europa Press.
Sin embargo, la Audiencia Provincial desestima ahora el recurso de los dos ediles. Entiende que conforme al artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pueden ostentar «la cualidad de acusación particular las corporaciones, grupos y asociaciones representativas de derechos e intereses legítimos de carácter individual y colectivo».
Por lo tanto, entiende que es «plenamente ajustado a derecho procesal que los integrantes de un grupo político decidan ejercitar las acciones que estimen convenientes con la referencia al grupo político que representan».
También destacan que la existencia de la presente causa «es independiente de la presencia en el mismo como parte procesal del Grupo Municipal querellante (el PP), al tener por objeto la instrucción de presuntos delitos de carácter público, perseguibles de oficio y no a instancia de parte».
Este cruce no acaba aquí, puesto que una de las informaciones más polémicas de este caso es que la acusación popular está representada por Transparencia y Justicia, muy vinculada al excomisario Villarejo, según informó Cadena Ser. Se trata de la misma agrupación que ya intervino en el ámbito madrileño al personarse en la causa que juzgaba a Esperanza Aguirre en su incidente de tráfico.
El excomisario está ahora mismo en prisión provisional tras una operación policial contra una presunta trama de blanqueo de capitales y tráfico de personas que investiga el origen supuestamente ilícito de capital y empresas del comisario jubilado, también epicentro del caso conocido como ‘cloacas del Estado’. Junto a él, en prisión, se encuentra Rafael Redondo, abogado y socio de Villarejo en este entramado empresarial que, además, es la cabeza visible de Transparencia y Justicia.
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