Esta sanción formaba parte de una multa global de 203,6 millones de euros interpuesta a las principales constructoras del país, Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr, por haber supuestamente alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.
Todas las empresas recurrieron y la Audiencia Nacional, en un acto fechado el pasado 7 de noviembre consultado por Europa Press, se ha manifestado sobre la segunda de ellas, la de Sacyr Construcción, acordando suspender cautelarmente la multa y la prohibición de contratar, hasta que haya una sentencia final.
El pasado 30 de septiembre ya se pronunció sobre el recurso de OHLA, acordando también aceptar, como medida cautelar, suspender la multa de 21,5 millones impuesta a esta compañía y la prohibición de contratar.
Para fundamentar su petición, Sacyr aduce en el texto que esta “desproporcionada multa” supone aproximadamente el triple de las pérdidas declaradas antes de impuestos, acreditándose con ello “la magnitud y relevancia del perjuicio que causaría en las cuentas de la sociedad tener que hacer frente en estos momentos a la aludida sanción”.
Asimismo, Sacyr añade que el importe de la multa asciende al 15% de toda su tesorería, por lo que su pago inmediato “supondría una reducción significativa de su liquidez, con las consecuencias que ello podría generar para una compañía que, como todas las empresas de su sector, ya ha tenido que afrontar a lo largo de los últimos ejercicios graves problemas a la hora de obtener liquidez”.
“Tal reducción del dinero disponible en caja podría obligar a Sacyr a acudir a los mercados de financiación externa para la ejecución de futuros proyectos, con el sobrecoste que ello acarrearía, a la vista de la actual tendencia alcista de los tipos de interés”, argumenta.
Respecto a la prohibición de contratar con entidades del sector público, Sacyr explica que el 30% de sus ingresos provienen de los contratos suscritos con Administraciones Públicas, por lo que la inmediata ejecución de la resolución impugnada “tendría un impacto definitivo en la sociedad”.
Recientemente, Sacyr también ha conseguido la suspensión de otra multa de la CNMC, en este caso de agosto de 2021 por un importe de 5,17 millones de euros, por formar parte de un cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018.
