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En esta causa, el PP volverá a sentarse en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo por presuntamente haberse beneficiado de las supuestas irregularidades cometidas por Arturo González Panero –exalcalde de la formación en la localidad madrileña conocido como ‘el Albondiguilla’– con una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.
En concreto, la vista oral se dirigirá contra 27 procesados y 13 personas jurídicas. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de 40 años y siete meses de cárcel para González Panero y de 76 años y siete meses de prisión para el líder de la Gürtel, Francisco Correa, por los contratos adjudicados a la trama en Boadilla, según el escrito provisional de acusación.
El Ministerio Público también reclama 64 años de cárcel y siete meses para Pablo Crespo –número dos de la presunta red de corrupción–; 23 años y medio para el exdiputado regional Alfonso Bosch; y 22 años de prisión para el exconcejal de Boadilla del Monte José Galeote.
La pieza a juzgar versa sobre la actuación del entramado personal creado por Correa, quien habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio a cambio de comisiones. Esta red habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes.
Según la Fiscalía, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habría sufrido un perjuicio de 4 millones de euros por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela.
El pasado marzo, Correa reconoció como «ciertos» los hechos que el Ministerio Público refleja en su escrito de acusación por las irregularidades en el Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, dirigido entonces por Arturo González Panero, de quien destacó la «ambición desmedida» y una actuación «amoral».
Ese mismo mes, el que fuera secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, considerado el número dos de la trama Gürtel, reconoció los hechos descritos por el Ministerio Público en un escrito de conformidad remitido el pasado 3 de marzo al tribunal.
«Reconozco los hechos descritos en el escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal y mi autoría y participación en los mismos», aseguró en la carta en la que además admitió que cobró comisiones por intermediar en adjudicaciones a constructoras.
El vicepresidente de la constructora Teconsa, el empresario leonés procesado José Luis Martínez Parra, también admitió en un escrito enviado a la Audiencia Nacional que Correa medió para conseguirle adjudicaciones en administraciones en las que gobernaba el PP.
La pieza de Boadilla del Monte llega a juicio casi dos años después de que el PP recusara al magistrado José Ricardo de Prada como miembro del tribunal. El Pleno de la Sala de lo Penal acordó permitir que el juez participara en el juicio al considerar que sus ideas políticas no arrojan dudas sobre su imparcialidad en el procedimiento y que su participación en otro juicio de esta macrocausa no está contaminado porque versan sobre hechos diferentes.
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