La Audiencia Nacional asume la investigación sobre el rescate de Plus Ultra

Según ha informado el tribunal, el magistrado ha aceptado la competencia para instruir la causa en un auto en el que acuerda que la misma siga bajo secreto. El titular de la Plaza 4 del Tribunal Central de Instancia ha reclamado además al juzgado de Madrid que investigaba hasta ahora el procedimiento que le remita todas las actuaciones, recoge Europa Press.

Cabe destacar que Calama investigará el caso actuando como titular de la Plaza 2, donde se instruye la causa, después que su compañero, el juez Ismael Moreno, se abstuviera en 2024. Fue entonces Calama quien rechazó admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso –entendió que no era competente y la derivó al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que fue el que investigó el rescate de la aerolínea y acabó archivándolo–.

La jueza de Plaza de Castilla, que decidió inhibirse mientras la causa sigue bajo secreto, fue la que ordenó el pasado diciembre la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli, y el empresario Julio Martínez Martínez.

Según fuentes jurídicas, ese juzgado venía indagando en los hechos denunciados por Anticorrupción, pero no solo. La Fiscalía denunció el “uso indebido” de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, asegurando que el dinero “se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva”.

Presentada contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.

La constituirían –explicaba la AN en un auto al que tuvo acceso esta agencia de noticias—“personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español”, y estaría “dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados”.

Fondos de alimentos subsidiados

Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de “muy alta cuantía”, concretamente de “fondos públicos de programas CLAP”, impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y “ventas de oro del Banco de Venezuela”.

“La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal”, sostenía, según la citada agencia.

Anticorrupción refería las “conexiones” de la supuesta organización criminal con “clientes que se sirven de los servicios de ésta y sobre los que existen investigaciones policiales y judiciales actualmente”.

La denuncia incidía en la actuación de varias personas, en algunos casos a través de sociedades mercantiles, para recibir cantidades de dinero procedentes del extranjero con el objeto de adquirir bienes inmuebles, así como la suscripción de contratos de préstamo a Plus Ultra, que fueron íntegramente reembolsados.

También mencionaba la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los préstamos, la remisión de cantidades por la misma sociedad a otra empresa a una cuenta en Panamá y que para las actividades de blanqueo “se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo”.

Acceda a la versión completa del contenido