Jordi Pujol, expresidente de la Generalidad de Cataluña
“El tribunal ha decidido que se inicie el juicio con su presencia” y que pueda “conectarse” desde “su domicilio”, ha indicado el magistrado presidente José Ricardo de Prada a Pujol en el arranque de la vista oral.
De Prada ha señalado que si se produce “cualquier modificación de su estado de salud” y cuando vaya a tener una “intervención activa” en el juicio, el tribunal decidirá si “está en condiciones de hacerlo, de estar o no estar”, recoge Europa Press.
Así lo ha comunicado el tribunal después de que el ‘expresident’, que tiene 95 años, haya comparecido desde su casa en Barcelona por videoconferencia y a puerta cerrada para explicar su estado de salud, tras estar hospitalizado desde mediados de noviembre y hasta el pasado viernes por una neumonía.
También han testificado los médicos que realizaron un informe forense sobre su salud a petición de su defensa y cuyo diagnóstico establecía que Pujol “no está en condiciones” de continuar con el proceso judicial.
Según la pericial, el exmandatario presenta “un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)”.
Este lunes, el médico personal del expresidente de la Generalitat, el doctor Jaume Padrós, ha reiterado que Pujol “no está en condiciones” de participar en el juicio contra él y parte de su familia por presuntamente ocultar dinero en cuentas en Andorra.
Padrós ha asegurado, en una entrevista en La 2 Cat recogida por Europa Press, que Pujol está “blandito” tras estar cinco días ingresado por una neumonía en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona. Además, ha explicado que está haciendo la convalecencia en su domicilio, que ha manifestado su deseo de declarar y que su estado anímico está “tocado” y que se siente, en sus palabras, responsable de este proceso judicial por ser el padre de la familia.
Presidido por De Prada y con las magistradas María Fernanda García, como ponente, y Mercedes del Molino, el tribunal juzgará previsiblemente hasta mediados de 2026 a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.
La Fiscalía Anticorrupción reclama para el ‘expresident’ 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros. Para sus siete hijos pide penas de entre 8 y 29 años de prisión, según su escrito de acusación, recogido por Europa Press.
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