En un auto, el juez adopta de esta decisión una vez analizadas las alegaciones de la Abogacía del Estado, en nombre de Patrimonio Nacional, frente a la medida solicitada por una particular, cuya abuela se encuentra enterrada en el Valle de Cuelgamuros, de paralización de las exhumaciones en un procedimiento de protección del derecho fundamental a la libertad religiosa.
El magistrado señala que las alegaciones de la Abogacía del Estado y la documentación que las acompaña ponen de manifiesto que las exhumaciones se están realizando en un lugar diferente de aquél donde reposan los restos que se intentan proteger, “por lo que no existiría en principio una urgencia cautelar tan inmediata como parece manifestarse”.
Además, explica que de los argumentos expuestos por la Abogacía del Estado se deduce, prima facie, que la actuación material administrativa no afecta materialmente a los derechos que con este recurso pretenden defenderse respecto de los restos la abuela de la recurrente, ni tampoco está previsto que suceda en el futuro, en los términos indicados.
En segundo lugar, indica la resolución, detalla en una nota, se ha aportado información de que ya ha existido sobre el tema una interlocución escrita de la recurrente con Patrimonio Nacional, donde esta entidad ha respondido a su requerimiento de anulación de las exhumaciones con un escrito de la Gerente.
“El contenido del escrito pone de manifiesto que la actuación de exhumación no puede considerarse efectuada en vía de hecho, sino que existe un conjunto de actuaciones judiciales y administrativas previos, que constituyen su soporte”, señala el juez. “En definitiva, si las actuaciones administrativas combatidas no afectan materialmente a los derechos invocados y además no se realizan en vía de hecho, debe levantarse la medida cautelar cuya base jurídica (artículo 136.1 LJCA) se fundaba exclusivamente en esta premisa que se ha revelado infundada”, concluye.