La Audiencia de Madrid reabre otro frente judicial a Rato

Caso Rato

La Audiencia de Madrid reabre otro frente judicial a Rato

La Audiencia Provincial de Madrid obliga a reabrir la investigación a Rato por conferencias.

Rodrigo Rato, expresidente de Bankia
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez del caso Rato que reabra la pieza que investigaba al exvicepresidente del Gobierno por la facturación de sus colaboraciones con Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) al considerar que el presunto delito fiscal de 2012 no ha prescrito. Según publica la agencia Efe, los magistrados estiman así el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la decisión del titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que el pasado noviembre archivó dicha pieza, y añade que al tratarse de un supuesto fraude superior a 120.000 euros es constitutivo de delito. La operación reportada por la Oficina Antifraude dependiente de Hacienda (ONIF), investigaba la colaboración de Rato con BCC, empresa de la que recibió un total de 1,66 millones de euros y a la que facturaba por las conferencias impartidas entre 2007 y 2014 a través de la mercantil Arada. El pasado noviembre, el juez Serrano-Arnal decretó el archivo de las pesquisas al considerar prescrito el supuesto delito fiscal del ejercicio 2009, una investigación que ahora deberá retomar después de que la sala considere acreditada la existencia de indicios de un posible fraude superior a los 670.000 euros.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez del caso Rato que reabra la pieza que investigaba al exvicepresidente del Gobierno por la facturación de sus colaboraciones con Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) al considerar que el presunto delito fiscal de 2012 no ha prescrito.

Según publica la agencia Efe, los magistrados estiman así el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la decisión del titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que el pasado noviembre archivó dicha pieza, y añade que al tratarse de un supuesto fraude superior a 120.000 euros es constitutivo de delito.

La operación reportada por la Oficina Antifraude dependiente de Hacienda (ONIF), investigaba la colaboración de Rato con BCC, empresa de la que recibió un total de 1,66 millones de euros y a la que facturaba por las conferencias impartidas entre 2007 y 2014 a través de la mercantil Arada.

El pasado noviembre, el juez Serrano-Arnal decretó el archivo de las pesquisas al considerar prescrito el supuesto delito fiscal del ejercicio 2009, una investigación que ahora deberá retomar después de que la sala considere acreditada la existencia de indicios de un posible fraude superior a los 670.000 euros.

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