Estatuas de Isaac y Abraham, obras del Mestre Mateo, en Santiago de Compostela
La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón –tal y como hizo el juzgado número 41 de Madrid en primera instancia– a los herederos del dictador Francisco Franco sobre las estatuas obra del Mestre Mateo, Isaac y Abraham, que se encuentran en su posesión y que reclama el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
En declaraciones a Europa Press, el exalcalde de Santiago Martiño Noriega ha explicado que la Audiencia «cambia de argumentación» para rechazar el recurso, dado que en primera instancia la jueza señalaba que no quedaba probada la posesión de las estatuas por parte del Ayuntamiento, pero ahora para la Audiencia «no está demostrado» que sean las mismas piezas en propiedad de los Franco.
El anterior gobierno local de Compostela Aberta impulsó este proceso. Ahora el nuevo ejecutivo santiagués socialista deberá decidir si recurre al Tribunal Supremo.
Noriega remarca que la propia Xunta de Galicia acreditó «perfectamente» durante el proceso con el informe de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) que se trata de las mismas estatuas, por lo que muestra su sopresa de que la desestimación se base en ese argumento. Además, apoya agotar la vía del Supremo.
Por su parte, en declaraciones a la Cadena SER, el actual regidor, Xosé Sánchez Bugallo, ha avanzado que se analizará la sentencia el día 26 para ver si cabe presentar un recurso «con posibilidades» ante el Supremo.
HISTORIA
La demanda del Ayuntamiento de Santiago se vio respaldada, en su día, con la localización en el archivo de la Universidade de Santiago del expediente de adquisición de las piezas, así como de la propia escritura notarial, haciendo constar todas las características de las estatuas, de la titularidad municipal.
Según estos documentos, tras su retirada de la Catedral, las esculturas pasaron a manos del Conde de Ximonde en el siglo XVIII, un noble que las vendió al Ayuntamiento de Santiago por 60.000 pesetas en 1948. En el documento de venta existe una reserva «para evitar que desaparezcan del ayuntamiento» –con una multa en caso de que así sea– y se preserve su propiedad «pública, de los vecinos de Santiago», sin posibilidad de venta o cesión.
Por ello, el Ayuntamiento de Santiago decidió proceder contra los herederos de los Franco –María del Carmen, Jaime Felipe, María Aránzazu, José Cristóbal, María del Mar y María de la O Martínez-Bordiu Franco– y contra la mercantil Pristina SL.
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