La AIReF da un aprobado ‘por los pelos’ a la senda de reducción del déficit del Gobierno

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado hoy el ‘Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) 2019- 2022’, en el que considera “muy ajustada” la reducción del déficit prevista y alerta de la existencia de riesgos. No obstante, sí avala el cuadro macroeconómico que sustenta dicha actualización, que considera “prudente en su conjunto”.

Según el Informe, el perfil de crecimiento del PIB real que se muestra en la APE 2019- 2022 se considera prudente en su conjunto. Las hipótesis básicas en las que se basa este escenario se consideran “factibles y la composición del crecimiento verosímil”, aunque con un sesgo a favor de la demanda exterior en detrimento de la interna. Las estimaciones del Gobierno esperan que el crecimiento de la actividad agregada se reduzca paulatinamente del 2,6% registrado en 2018 hasta el 1,8% en 2022. Estas previsiones están en la banda central del intervalo estimado por la AIReF y se encuentran alineadas con el resto de las previsiones disponibles.

En lo que respecta a la senda de reducción del déficit público prevista por el Gobierno, de 2,5 puntos del PIB en cuatro años, la AIReF la considera “factible” hasta 2021 e “improbable, por un estrecho margen”, en 2022.

Esta reducción, se explica, en una parte significativa, por la entrada en vigor de varias medidas de incremento de ingresos, algunas de ellas incorporadas en el Plan Presupuestario para 2019, pero no tramitadas por el rechazo al proyecto de los Presupuestos y la convocatoria de las elecciones. Estas nuevas medidas de ingresos suponen un incremento de la recaudación de cinco décimas del PIB, aunque según las estimaciones de la AIReF su impacto sería de cuatro décimas.

Además, se incluyen medidas que serían el resultado de la implementación de las propuestas de revisión de gasto público llevada a cabo por la AIReF con un efecto progresivo hacia el final del periodo. Estos ahorros se materializan de manera creciente a lo largo del periodo en mayores cotizaciones por la reducción de incentivos a la contratación y en un menor gasto en subvenciones y en transferencias sociales en especie, rúbrica que recoge el gasto farmacéutico no hospitalario, con un importe global de dos décimas del PIB.

Según la autoridad fiscal, el reparto de objetivos previsto en la APE por subsectores no refleja, nuevamente, la situación real de cada uno de ellos. Por un lado, las Corporaciones Locales vienen registrando un superávit superior a medio punto de PIB. Además, el déficit estimado para las comunidades autónomas en 2019 fijado en la APE en el 0,3% del PIB difiere del 0,1% incluido en la “Notificación déficit y deuda a la Unión Europea (PDE)”. Por último, la APE prevé una reducción del déficit de los Fondos de la Seguridad Social hasta alcanzar el equilibrio que no resulta plausible en ausencia de medidas.

Por otro lado, la institución afirma que la APE no incorpora información suficiente sobre los riesgos fiscales que pueden afectar a la sostenibilidad de las administraciones públicas dificultando la reducción del déficit estructural, como determinadas rúbricas de gastos sometidas a presiones al alza como la remuneración de asalariados, la inversión o la reforma del sistema de rentas mínimas.

Además, las debilidades ya identificadas por la AIReF en el diseño del marco fiscal español pueden conducir a tensiones adicionales sobre el déficit estructural por el agotamiento progresivo del déficit de las corporaciones locales o por la presión al alza del gasto en sanidad y educación que pudiera derivarse de la reforma del sistema de financiación autonómica. Por último, una evolución macroeconómica peor de la prevista como escenario central también supone un riesgo fiscal como se ha señalado anteriormente.

En cuanto a la deuda, la AIReF considera “en el límite de lo factible” las proyecciones de deuda incluidas en el programa de estabilidad. La senda de la APE de deuda pública sobre PIB descendente durante todo el periodo, con un ajuste acumulado de 8,4 puntos, por encima del escenario normativo de AIReF. Según el análisis de sostenibilidad realizado por AIReF, una política fiscal orientada a conducir la ratio de deuda a su nivel de referencia y que asuma el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, estabilizaría la ratio de deuda en torno al 70%. Sin embargo, son necesarios márgenes para hacer frente a la vulnerabilidad derivada de pasivos contingentes, riesgos geopolíticos, crisis financieras o shocks macroeconómicos.

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