José Luis Escrivá, presidente de la AIReF
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha cifrado en 920 millones de euros el coste para las arcas del Estado de los decretos ley aprobados por el Gobierno en los denominados ‘viernes sociales’, que han incluido temas como los permisos de paternidad, los subsidios a mayores de 52 años o la regulación del alquiler.
La institución que preside José Luis Escrivá, ha publicado hoy el ‘Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2019’, en el que continúa considerando como improbable el cumplimiento del objetivo déficit del 1,3% del PIB fijado para el conjunto de las administraciones públicas en 2019, una vez analizada la nueva información disponible.
La AIReF ha modificado ligeramente a la baja el déficit estimado para 2019, situando su escenario central en el -2,1% del PIB, una décima por debajo de su previsión anterior. Los cambios en la valoración respecto a la estimación realizada en el informe anterior vienen dados, fundamentalmente, por la no aprobación de los PGE para 2019 -y la consiguiente prórroga presupuestaria- y por la incorporación de los últimos datos de ejecución publicados, incluyendo el cierre de 2018, que finalmente se ha situado en el -2,6%.
Según el informe conocido hoy, la no aprobación de los Presupuestos ha supuesto que no se pongan en marcha una parte relevante de las medidas contenidas, con un efecto neto positivo sobre el déficit. No obstante, las medidas de ingresos de los Fondos de la Seguridad Social, la revalorización de las pensiones y la subida del salario de los empleados públicos ya habían entrado en vigor antes de la presentación del proyecto de PGE.
Adicionalmente, la AIReF destaca que el Gobierno ha aprobado en los primeros meses del año mediante Real Decreto-Ley una parte de las medidas de gasto incluidas en el proyecto de Presupuestos. En un primer momento el importe global estimado era de 1.633 millones, aunque la AIReF ya había reducido en 200 millones el impacto de estas medidas en 2019 puesto que su entrada en vigor se había retrasado hasta el segundo trimestre del año de acuerdo con el calendario de tramitación del presupuesto. Tras la aprobación de los Reales Decretos Leyes, el importe final estimado es de 920 millones al no haberse desarrollado la medida de mejora de la dependencia que, por importe de 500 millones, se incluía en los Presupuestos.
Otro factor que ha contribuido a rebajar la estimación de déficit de la AIReF para 2019 ha sido la incorporación de los datos publicados de cierre de 2018, que han arrojado un déficit para el conjunto de las administraciones públicas en torno a una décima inferior a las previsiones de la institución. En términos netos, esta diferencia se ha originado, principalmente, por el mejor comportamiento de las cotizaciones sociales y de los ingresos provenientes de los fondos estructurales europeos por liquidación del Programa Operativo anterior.
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