La Administración recorta el gasto en funcionarios pero lo dispara en directivos y asesores

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha denunciado que “la masa salarial de los empleados públicos volvió a reducirse en 2017, esta vez un 2,8%, mientras se dispara la masa salarial de la alta dirección y personal eventual de la Administración General del Estado (20,8% y 7,7% más, respectivamente, en el mismo periodo)”.

El sindicato saca estos datos del informe que ha elaborado, a partir de los datos suministrados por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, donde se recoge la evolución de la masa salarial de estos colectivos entre 2009 y 2017, un estudio en el en que según UGT se aprecia que “los recortes sobre las retribuciones de los empleados públicos de la AGE no cesan”.

Según los últimos datos publicados por la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, si se analiza la masa salarial de 2017 de los seis colectivos más numerosos de la AGE (funcionarios de la AGE, funcionarios de Organismos Autónomos, funcionarios de la Seguridad Social, funcionarios de la Administración de Justicia, investigadores del CSIC y personal laboral), se puede ver que se ha reducido su masa salarial en un 2,8%. Este recorte sigue la tendencia iniciada en 2009 y sitúa la pérdida total en un 12% en el periodo comprendido entre ambos años.

“Cifras alarmantes”

Carlos Álvarez, secretario de AGE de UGT, ha señalado que “estas cifras son preocupantes, pero que resultan alarmantes y escandalosas si sumamos la pérdida de años anteriores, un 9,2% entre 2009 y 2017, y las comparamos con el aumento que han experimentado la alta dirección y el personal de confianza en los mismos años”. Con el añadido de que es colectivo “está compuesto, principalmente, por puestos de confianza al margen de los procesos selectivos habituales de las administraciones, que se rigen por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”

El sindicato califica estas diferencias como especialmente injustas, pues quien ha gestionado, garantizado y mantenido la prestación y calidad de los servicios públicos más esenciales durante la crisis han sido los empleados públicos (así lo atestiguan varios informes oficiales: Defensor del Pueblo, AEVAL, INE), y no un personal con un marcado perfil político y burocrático, contratado discrecionalmente por el Gobierno de turno, cuya eficacia, en la mayoría de los supuestos, deja mucho que desear.

UGT dice confíar en que el II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo sirva para cambiar esta situación en el conjunto de las Administraciones, pues fija incrementos salariales que oscilan entre el 6,9% y el 8,79% para los próximos tres años y permite la mayor oferta pública de empleo de la última década. Aunqe indica que en el ámbito específico de la Administración del Estado se precisaría un “esfuerzo adicional” que sirva para incrementar las retribuciones y la masa salarial.

Para conseguir este objetivo, propone elevar las tablas salariales de los distintos convenios colectivos de la AGE con un salario mínimo de 1.200 euros mensuales; el desarrollo legislativo de las previsiones del Estatuto Básico del Empleado Público en materia retributiva y la homologación de retribuciones entre el personal funcionario y el laboral.

Acceda a la versión completa del contenido