La grieta entre el Gobierno y las regiones se abre por la financiación autonómica. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la Abogacía del Estado, a través de un informe, sentencia que un gobierno en funciones no puede facilitar la financiación a cuenta a estas administraciones.
“Lo triste es que esto es la consecuencia del bloqueo sin tener alternativa de otro candidato”, ha reprochado la socialista en una entrevista a Onda Cero. Sin embargo, desde el PP no se conforman con estas declaraciones de Montero. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ha exigido explicaciones en el Congreso.
Según el dirigente conservador, los populares pidieron el informe de la Abogacía del Estado “de manera formal” y desde Hacienda les “reconocieron que no existía”: “Por lo que pedimos que Montero diera explicaciones y si no está, que dimita”.
La réplica de la ministra de Hacienda en funciones no se ha hecho esperar y ha cargado contra los de Pablo Casado recordando que “cualquier partido” que haya gobernado sabe que los informes “pueden ser verbales o escritos”. En todo caso, ha manifestado que cuentan con el documento desde la tarde del pasado martes, aunque el acuerdo ya se conocía meses antes de manera verbal.
Montero ha declarado que se encuentran trabajando de manera “insistente” para hallar una solución “dentro del marco de la legalidad”. La socialista ha insistido en que siguen “profundizando en la ley” para “abrir la posibilidad” de la actualización de la entrega a cuentas.
La ausencia de Presupuestos ha impedido actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, así como pagar un ajuste del IVA de 2017 pendiente. Las comunidades elaboraron sus Presupuestos para este año contando con ese dinero, que finalmente no van a recibir y han denunciado ya un desajuste de más de 6.000 millones de euros, según datos recogidos por Europa Press.
