Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya y vicepresidente de la Generalidad de Cataluña.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los servicios jurídicos de la Administración se han dirigido a los magistrados del tribunal que juzgaron la causa del ‘procés’ y que impusieron la condena de 13 años de prisión e inhabilitación a Junqueras por el delito de sedición en concurso medial con malversación. El Supremo había dado 8 días a las defensas y a las acusaciones para que se pronunciaran sobre el impacto de la reforma penal en las condenas fijadas en octubre de 2019.
En 39 folios, la Abogacía ha explicado que considera pertinente rebajar la pena de inhabilitación de Junqueras «atendiendo a las penas previstas en el artículo 433 del Código Penal —la modalidad del delito de malversación con el que se castiga el uso del patrimonio público a fines diferentes al que estuviese destinado– y el 557.2 –relativo a los desórdenes públicos agravados–» al apreciar el concurso medial entre ambos delitos.
En otra batería de escritos, a los que también ha tenido acceso a esta agencia de noticias, la abogada del Estado Rosa María Seoane ha solicitado al tribunal que revise también las penas de inhabilitación del resto de líderes independentistas que fueron condenados en la causa del ‘procés’ por delitos de sedición y/o malversación. La Abogacía ha considerado pertinente estas rebaja al cambiar el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados.
En concreto, ha pedido al Supremo que rebaje de 12 a 6 años y 9 meses la pena de inhabilitación de los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Para los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull ha solicitado que se baje de 10 años y 6 meses a 6 años y 3 meses sus penas de inhabilitación.
En el caso del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart ha reclamado que se les cambie la pena de inhabilitación absoluta de 9 años por una pena de inhabilitación especial para cargo público de 4 años.
Para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha solicitado que modifique la pena de 11 años y 6 meses de inhabilitación y se imponga la de 6 años y 6 meses.
La Abogacía se ha limitado a revisar las penas de inhabilitación y no ha pedido modificar las penas de prisión impuestas en la sentencia del ‘procés’ porque a los condenados se les indultó la pena de cárcel en junio de 2021.
El tribunal del ‘procés’ deberá revisar las penas impuestas en 2019 tras la derogación de la sedición y la modificación de la malversación para aplicar el Código Penal más favorable a los condenados, tal y como fija la propia norma en su artículo 2. Aunque el Supremo ha emplazado a las partes a que se pronuncien, será el tribunal –presidido por el magistrado Manuel Marchena– quien decida finalmente cómo queda la sentencia.
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