El socio de KPMG Francisco Muñoz Neira, que ha declarado en calidad de testigo en el juicio en la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ha apuntado directamente contra los exdirectivos de la malograda entidad, que a su juicio podrían haber ocultado aspectos relacionados con diferentes operaciones.
Según recoge la agencia Efe, Muñoz Neira ha asegurado que las ganancias reflejadas en las cuentas del primer semestre de 2011 “no daban la imagen real” de la CAM, al existir “diferencias sustanciales” de 1.100 millones en unas provisiones por riesgo de crédito especialmente deterioradas en los primeros meses del año.
El socio de KPMG considera que estas provisiones “no tenían ningún sentido desde el punto de vista contable y económico”, y ha apuntado directamente a la cúpula de la caja por “ocultar” las opciones de titulizaciones, “desconocidas” incluso por el Banco de España, que en 2010 inspeccionó durante meses la entidad.
En la misma línea se ha manifestado el administrador provisional del FROB, Tomás González, que también ha declarado hoy, y que ha insistido en que su mandato fue “una cosa precipitada” con el objetivo de “tomar el control de la entidad y llevar a cabo un proceso de venta sin que perdiera valor”. Para llevar a cabo esta tarea no disponía de toda la información necesaria, como los informes de auditoría, que “costó mucho” que se los dieran, se ha lamentado.
Asimismo, ha explicado que su equipo no aprobó las cuentas presentadas por la CAM para el primer semestre de 2011, ya que “ponían de manifiesto que la entidad estaba en beneficio, que desde la cartera no era necesario hacer más dotaciones”. Algo “extrañísimo”, teniendo en cuenta que la caja había sido intervenida. En las cuentas formuladas por los administradores del FROB afloraron unas pérdidas de 1.135 millones de euros.
En esa línea, ha reconocido que las titulizaciones y la reclasificación de créditos obligaron a reexpresar las cuentas “porque no se sostenían, no tenían capacidad de reembolso”, y ha criticado que la entidad guardara un derecho de recompra de los bonos cuyo riesgo no podría haber sido dado de baja de los estados como se hizo, generando un beneficio ficticio de 65 millones.
