Manifestante en contra de las Cláusulas suelo
El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas en esta materia se han comprometido hoy a colaborar con el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente a la avalancha de juicios que se espera por las cláusulas suelo de las hipotecas.
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha explicado que el objetivo de la especialización de un Juzgado por provincia es conseguir resolver los litigios que se planteen en relación con las cláusulas suelo sin que se vea afectado el tiempo de respuesta que actualmente están dando los Juzgados de Primera Instancia a los asuntos para los que son competentes, que, según ha señalado, se sitúa en la media europea.
La especialización, ha añadido Lesmes, también garantiza la uniformidad en la respuesta que reciban los ciudadanos a sus demandas y, por tanto, mayor seguridad jurídica. El presidente del Poder Judicial ha señalado, además, que la solución planteada se caracteriza por su flexibilidad, de modo que las medidas de refuerzo se podrán adaptar a las circunstancias que se planteen en cada momento, y ha insistido en la necesidad de coordinar esfuerzos en un sistema de Justicia complejo como el español, en el que las competencias están distribuidas entre el Consejo, el Ministerio y las Comunidades Autónomas.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que su departamento nombrará tantos letrados de la Administración de Justicia sean necesarios para esos Juzgados, siempre que la carga de trabajo lo justifique.
El plan del CGPJ cuenta, no obstante, con las fuertes críticas tanto de los afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas como de los propios trabajadores de los juzgados. CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en el sector Justicia a nivel nacional, ha denunciado que, si se cumplen las previsiones, los juzgados nacerán colapsados.
Asimismo, la formación muestra su preocupación de que este refuerzo vaya “en detrimento” del personal existente actualmente en otros juzgados “con especiales dificultades”, como ya ha ocurrido en otras muchas ocasiones. “No debemos olvidar que la partida económica está limitada por la Ley de Presupuestos, y desconocemos si la actual contempla su aumento”, recuerda CSIF.
Además, “con iniciativas como ésta se olvidan, una vez más, de prestar un servicio público de calidad a los ciudadanos, alejando la Justicia de su localidad”.
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