La solicitud, presentada por dos particulares, ha sido ya trasladada por Justicia al Supremo, órgano sentenciador, para que emita el informe preceptivo sobre la medida de gracia, según han confirmado fuentes del Gobierno tras adelantar la información El País.
La legislación permite que las peticiones de indulto sean formuladas no solo por los penados, sino también por familiares o terceros en su nombre, siempre que el procedimiento incluya el criterio del tribunal que dictó la condena, de la Fiscalía y de la parte perjudicada.
El indulto deberá ser informado por el Supremo y, en última instancia, decidido por el Consejo de Ministros
Antes de que se adopte cualquier decisión, el Gobierno ha emplazado al Tribunal Supremo a que se pronuncie sobre esta solicitud, al tratarse del órgano que condenó a García Ortiz.
La condena del Supremo
El ex fiscal general fue condenado el pasado diciembre a una pena de dos años de inhabilitación, además de una multa de 7.200 euros, cantidad que corresponde a la sanción económica impuesta por el tribunal, y una indemnización de 10.000 euros, cantidad fijada por daños morales.
El Supremo le consideró responsable de un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al atribuirle la filtración a medios de comunicación de un correo electrónico clave en la investigación.
Penas impuestas en la sentencia:
| Tipo de pena | Contenido |
|---|---|
| Inhabilitación | 2 años para el cargo |
| Multa | 7.200 euros |
| Indemnización | 10.000 euros por daños morales |
El tribunal atribuyó a García Ortiz la filtración de un correo clave y una nota de prensa posterior
La filtración investigada
Según la Sala de lo Penal, fue García Ortiz o “una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento” quien filtró la noche del 13 de marzo de 2024 a la Cadena SER un correo enviado el 2 de febrero por el abogado de González Amador a la Fiscalía.
En ese mensaje, el empresario se ofrecía a reconocer dos delitos fiscales, cifras que correspondían a las infracciones investigadas, a cambio de evitar la prisión. Posteriormente, se difundió también una nota de prensa que lo mencionaba expresamente.
La sentencia fue aprobada por cinco de los siete magistrados del tribunal, aunque contó con dos votos particulares de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, que expresaron su “discrepancia absoluta” al considerar que la condena se basaba únicamente en sospechas.
Procedimiento aún abierto
Tras la condena, García Ortiz presentó un incidente de nulidad, actualmente pendiente de resolución, en el que defiende su inocencia y la “credibilidad” de la Fiscalía frente a lo que considera ataques a la institución.
En caso de que el indulto prosperara, la concesión correspondería formalmente al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y tras la deliberación del Consejo de Ministros, que tiene la última palabra. La decisión debería plasmarse en un real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.
