En una mesa redonda organizada por Transparencia Internacional, destacados nombres del mundo judicial español han instado mayoritariamente al Gobierno a no abolir la acción popular.
“En una valoración global (de la acción popular) creo que se ha cometido un abuso de la misma y un mal uso de ella a veces, seguramente por una falta de vigilancia. Pero también ha fortalecido el poder judicial, ha permitido profundizar en investigaciones complejas y ha permitido dotar de una mayor independencia y control al fiscal”, argumentaba el juez Pablo Ruz.
En esta línea intervino el fiscal Alejandro Luzón, que habló de esta figura como uno de los pocos derechos constitucionales no regulados. Precisamente, indicó la importancia de esto último para que no se produzcan abusos como los cometidos por los partidos políticos: “Han utilizado la acción Popular como una prolongación de la lucha electoral”.
La acción o acusación popular permite que cualquier ciudadano u organización pueda personarse como acusación en un proceso judicial sin que medie un interés propio y directo sobre su persona, sino en base a la defensa de la legalidad el país.
Recientemente se ha abierto el debate sobre su regulación más estricta e incluso su eliminación, después de casos tan llamativos como el uso de la acción popular por parte del sindicato Manos Limpias. PP y Ciudadanos se han mostrado de acuerdo en que sindicatos, partidos y sus fundaciones no puedan usar esta vía para personarse en querellas. El PSOE también apoya la reforma.
Por parte del Gobierno (Subsecretaría del Ministerio de Justicia), Nicolás Cabezudo intentó mostrar que las restricciones a esta figura han ido debilitándose: “El borrador de 2013 es menos restrictivo que el proyecto de 2011”, apuntó. Contestó al resto de ponentes negando la existencia de un proyecto para abolir este derecho: “El Ministerio de Justicia no quiere suprimir la acusación popular. Es cierto que se quiere regular y existe un proyecto para limitarla”.
“Como padre de un hijo haitiano ejercí la acusación popular a título individual en el caso Cooperación (en Valencia). Esta experiencia me permitió descubrir que sólo existía la acusación del PSOE y de las ONG y que existía un inmenso campo de trabajo con esta figura. Comencé a ganarme la confianza de la Fiscalía y poco a poco colaboré con su trabajo. Así entiendo yo la Acción Popular, es decir, como complemento de la Fiscalía”, narraba su historia Antonio Penadés, presidente de Acción Cívica, quien estaba totalmente en contra de la abolición de ésta.
El catedrático de la Universidad de Salamanca Nicolás Rodríguez fue más allá en el planteamiento de la posible eliminación: “Primero se abolirá la acción popular, luego se querrá suprimir la acusación particular y se acabará concediendo el uso de la acción penal al ministerio fiscal, monopolizando este uso”.
Pagar por ejercerla
Ruz también reivindicó la imposición de una fianza para la personación en el ejercicio de la Acción Popular. Entre el público asistente, Irma Ferrer, por parte de Transparencia Urbanística, se contrapuso al juez argumentando la escasez de recursos económicos por parte de organizaciones sin ánimo de lucro: “Somos el eslabón más débil. Esto impediría asociarnos y depender sólo del dinero”.
