Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales amenazan al ministro de Justicia, Rafael Catalá, con ir a la huelga si persiste en hacer oídos sordos a sus reivindicaciones. Todas estas asociaciones, en una reunión ayer, acordaron un calendario de movilizaciones que terminarán en una huelga a finales de mayo si el Gobierno no atiende a sus peticiones.
Así lo aseguran en un comunicado conjunto en el que recuerdan que hace menos de un año, el pasado 16 de junio, las cuatro asociaciones judiciales firmaron un documento con “14 propuestas para la mejora de la Justicia” al que se sumaron más de 3.500 jueces y juezas y las tres de asociaciones de fiscales. Entre las medidas que ponían sobre la mesa se encontraban la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, el reforzamiento de la independencia judicial y la modernización de la Administración de Justicia.
“El balance no puede ser más decepcionante”, lamentan estas asociaciones, que critican que “no parece haber una mayoría clara en el Parlamento favorable a reformar el Órgano de Gobierno de la judicatura conforme a lo propuesto por las cuatro asociaciones judiciales, ni tampoco un proyecto de independencia del Ministerio Fiscal, ni un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto”.
Según señalan en el mencionado comunicado, “el gobierno ha renunciado a incrementar el número de miembros de la Carrera Judicial y Fiscal a fin de ir equiparándolo a la media europea y no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando así la precarización de las últimas promociones”. “Tampoco”, continúan estos jueces y fiscales, “se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años”.
Asimismo, destacan que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “ha hecho caso omiso” a su propuesta sobre nombramientos judiciales, “conforme a criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia”. Además, “sigue sin cumplir con su obligación legal de fijar las cargas de trabajo, como le recuerda la reciente sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.”
Ante todo esto han fijado un calendario de “medidas de conflicto”, que se realizarán progresivamente. De esta manera, el 5 de abril, a las 13 horas, habrá una lectura de las propuestas de jueces y fiscales en las sedes judiciales de toda España. Tras esto, el día 14 tendrá lugar una concentración en Madrid. A continuación habrá paros parciales de una hora (12 a 13 horas) los jueves de cada semana durante un mes.
En caso de que no haya respuesta por parte del Ejecutivo las asociaciones advierten de que convocarán un día de huelga el 22 de mayo, aunque la fecha puede variar “en función de la marcha de las negociaciones”.
