El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán
Asociaciones de jueces han tachado de «casi ridícula», «lamentable» y «desacertada» la declaración pública que este miércoles ha hecho el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en la que ha sugerido que los miembros de la carrera judicial «se pongan a hacer mascarillas» para dotar a los centros sanitarios del material necesario para la lucha contra la pandemia del coronavirus.
Así han coincidido la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en declaraciones a Europa Press al ser preguntados por las palabras del presidente aragonés, después de conocer que un juzgado de Zaragoza ha dado 24 horas al Gobierno autonómico para que dote de material de protección al personal sanitario y sociosanitario que trabaja con pacientes con coronavirus.
Desde JJpD recuerdan que estas manifestaciones están amparadas en la libertad de expresión, pero aún así, su portavoz, Ignacio González Vega, considera que es una «declaración totalmente desacertada».
«NO ES PROPIO» DE UN PRESIDENTE AUTONÓMICO
«Esa afirmación no es propia de un presidente de un Ejecutivo autonómico», destaca González Vega. De la misma manera se ha mostrado la presidenta de FJI, Concepción Rodríguez, que ha afirmado rotundamente que las palabras de Lambán son «lamentables».
Más allá ha ido el portavoz de AJFV, Jorge Fernández Vaquero, que, además de calificar las declaraciones de «casi ridículas», distingue entre el «trabajo» de los jueces y el de los presidentes autonómicos.
Así, explica que los primeros deben «proteger los derechos de los ciudadanos, en este caso de trabajadores públicos que están cumpliendo con su obligación», mientras que los presidentes de las comunidades autónomas tienen que «proporcionar a esos trabajadores los medios para no comprometer su salud y para que no se propague el contagio». «Es muy sencillo: que cada cual cumpla con su obligación. Y quien no pueda o no sepa hacerlo, que asuma su responsabilidad», concluye Fernández Vaquero.
Por su parte el presidente de la APM, Manuel Almenar, ha querido subrayar que debido a que la situación actual es «difícil para todos», es necesario «estar juntos en la defensa de las instituciones que garantizan nuestro Estado de Derecho».
Y en la misma línea se ha expresado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, que en un comunicado emitido este miércoles ha advertido de que «esta situación no justifica el menosprecio de quien acude a los tribunales solicitando la protección de sus derechos, ni de los jueces que resuelven estas peticiones que, además, son susceptibles de recurso si no se comparten».
«Es precisamente en momentos de grave crisis cuando las instituciones y quienes las dirigimos debemos dar lo mejor de nosotros mismos y defender, todavía más si cabe, las garantías del Estado de Derecho», añade el comunicado.
PETICIONES DE DISTINTOS COLECTIVOS EN TODA ESPAÑA
En los últimos días y ante la escasez de medios contra el Covid-19 diversos colectivos profesionales han acudido a los juzgados y tribunales de toda España para solicitar medidas urgentes para que las administraciones autonómicas y centrales provean de manera inmediata de dichos equipos de protección, así como material sanitario.
No existe una respuesta unánime sobre el asunto, pues hay jueces que han aceptado dichas peticiones y han dado un plazo de 24 horas a Ministerios o a consejerías para que distribuyan mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, y demás material; mientras que otros magistrados han rechazado estas peticiones, como ha hecho la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en dos ocasiones al respecto de la petición de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para dar un últimatum al Ministerio de Sanidad.
En contra de estas medidas de urgencia se pronunció este martes el titular del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid, quien en un auto, en el que rechazó similar petición realizada por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), y advirtió sobre sus sospechas sobre que las medidas cautelares que están presentando numerosos sindicatos sean utilizados como «arma propagandística o incluso para servir a intereses políticos de desgastar al Gobierno en tan crítica situación».
En esta resolución el magistrado admite que los requerimientos judiciales planteados en estos momentos tampoco es una «medida útil» porque si no hay equipos de protección, tampoco un juez «los va a proporcionar, ni los funcionarios judiciales se van a poner a elaborarlos domésticamente».
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