JJpD exige «el inmediato levantamiento» de la suspensión de la actividad judicial

La asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) ha exigido este lunes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «el inmediato levantamiento de la suspensión de la actividad judicial», algo que pasa por que las distintas administraciones públicas implicadas proporcionen los medios necesarios «para el normal funcionamiento de la Justicia, y porque el órgano de gobierno del Poder Judicial dote a los jueces de la protección necesaria frente a la Covid-19.

En un comunicado, la JJpD lamenta que a día de hoy las administraciones responsables de garantizar la seguridad e higiene de este servicio público esencial «no han puesto en marcha las reformas necesarias en las instalaciones y la dotación de medios telemáticos imprescindibles para que, en un contexto de esta grave crisis sanitaria, la tutela judicial de los derechos y libertades esté permanentemente garantizada».

Recuerdan que, cuando se cumplen 65 días del comienzo del estado de alarma, la prolongación de la parálisis ha puesto de relieve «las carencias» de la Administración de Justicia, y recuerdan que en el entramado institucional con capacidad de acción sobre Justicia intervienen tanto el CGPJ como el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas.

Al hilo, lamentan que no existan mecanismos reglamentarios suficientes que permitan garantizar la cooperación y coordinación de todas las administraciones e instituciones concernidas, y reclaman al legislador que trabajen en ese aspecto, que impulsen la implantación de los tribunales de instancia y que se contemple el crédito necesario para el buen funcionamiento de la justicia en los Presupuestos Generales del Estado.

Al hilo, destacan que la actividad judicial todavía está condicionada por los límites que impone el uso del papel y por la falta de herramientas tecnológicas. Y lamentan que las administraciones responsables de dotar de esos medios «no han sido capaces en todo el territorio del Estado de proporcionarlos» para que en una situación de epidemia sea posible el normal funcionamiento de juzgados y tribunales.

A juicio de la JJpD, dotar de esos medios a la Administración de Justicia no pasa sólo por suministrar ordenadores, sino que debe comprender también los programas informáticos «que garanticen la viabilidad y seguridad de las actuaciones telemáticas» debido a la necesaria protección de los datos sensibles que se manejan.

DEFICIENCIAS EN LA ORGANIZACIÓN

Desde JJpD añaden que la crisis también ha puesto de manifiesto las deficiencias «de la actual organización y planta judicial» así como «la necesidad de superar en la primera instancia el modelo decimonónico con la transformación de los juzgados en auténticos tribunales de instancia que permitan optimizar el funcionamiento de la Administración de Justicia».

En este sentido, denuncian que las fuerzas políticas han sido incapaces durante más de una década de ponerse de acuerdo para aprobar un proyecto que modernice esa organización judicial. «Esta situación no puede volver a repetirse. La paralización prolongada del funcionamiento de la Administración de Justicia es una grave anomalía democrática, a la que debe ponerse a término lo más inmediatamente posible», inciden.

La petición del levantamiento de esta paralización en la Justicia, llega después de que otras dos asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), también lo hicieran.

«VULNERACIÓN DE DERECHOS BÁSICOS»

De hecho, desde esta última el pasado viernes exigían que no siguiera retrasando el levantamiento de la suspensión de actividades judiciales y plazos procesales porque suponía «una clara vulneración de derechos básicos para los ciudadanos, especialmente cuando las administraciones siguen tomando decisiones que les afectan gravemente».

Por su parte, el Comité Ejecutivo de la APM instó en un comunicado a que se adoptaran las medidas necesarias de protección colectiva e individual en todas las sedes judiciales, se procediera a la inmediata y definitiva incorporación de los funcionarios con las debidas garantías de seguridad y a la inmediata reanudación de la actividad judicial.

«Nuestros profesionales sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y muchos más trabajadores esenciales han desarrollado una labor encomiable, hasta el punto de poner en grave riesgo su salud. Y ahora llega en momento en el que los jueces para dar respuesta a esa necesidad, en el marco de sus competencias, recuperen la posibilidad de reanudar su actividad con plena normalidad», señalaban desde la APM.

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