Coche de jaguar land rover en un barco de mercancias
La medida, reportada por el diario británico The Times, entrará en vigor este lunes y responde a la necesidad de la compañía de analizar cómo mitigar el impacto de esta política comercial impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.
La suspensión temporal afecta a todos los vehículos que Jaguar Land Rover produce en el Reino Unido. Actualmente, el fabricante cuenta con reservas equivalentes a dos meses de venta en Estados Unidos, por lo que no se espera un impacto inmediato en su red de concesionarios, según señala The Times. Estos automóviles, enviados previamente, no están sujetos a los nuevos aranceles.
Un dato relevante es que los vehículos de JLR tardan aproximadamente tres semanas en llegar desde las costas británicas hasta territorio estadounidense, lo que añade urgencia a la necesidad de encontrar una solución comercial o logística que minimice pérdidas.
Jaguar Land Rover vende unos 400.000 vehículos de alta gama al año, y alrededor del 25 % se destinan al mercado estadounidense, donde modelos como el Rover Defender y el Range Rover Sport son especialmente populares entre celebridades.
El fabricante, propiedad del grupo indio Tata Motor, emplea a 38.000 personas en el Reino Unido. La paralización de envíos no solo afecta su presencia en uno de sus principales mercados, sino que también añade presión sobre una industria automovilística británica ya golpeada por la incertidumbre comercial global.
El movimiento de JLR también refleja el creciente nerviosismo entre los fabricantes europeos ante las políticas proteccionistas de la actual administración estadounidense, que busca fortalecer la producción interna.
Ante esta nueva barrera comercial, el Gobierno británico ha optado por intensificar las negociaciones con EEUU para alcanzar un acuerdo económico bilateral que reduzca las tensiones. Aunque de momento ha evitado adoptar medidas de reciprocidad, ha dejado claro que «todas las opciones están sobre la mesa».
Además, se ha abierto un plazo de cuatro semanas de consultas con las empresas del país para decidir qué productos estadounidenses podrían verse afectados por aranceles recíprocos en caso de que las negociaciones no prosperen.
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