Este 23 de febrero de 2026, coincidiendo con el 45 aniversario del 23F, el presidente ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes aprobará la desclasificación de los documentos del golpe de Estado.
Un anuncio que Maíllo considera “una buena noticia” aunque “insuficiente” porque, a su juicio, lo que hace falta es aprobar una nueva Ley de Secretos Oficiales y hacerlo antes de que culmine la actual legislatura, recoge Europa Press.
El dirigente de IU ha comentado que si él hubiera sido presidente, ya habría desclasificado esos documentos oficiales. Aún con todo, sostiene que lo importante ahora es aprobar una nueva norma que supla “la ley infame de secretos oficiales del franquismo de 1968”.
La reforma de la vigente Ley de Secretos Oficiales es una antigua reivindicación del PNV, que ha presentado en las últimas legislaturas pero que siempre se ha quedado durmiendo en un cajón debido a las continuas ampliaciones de los plazos de enmiendas.
Mientras la iniciativa de los nacionalistas sigue en un cajón, el Consejo de Ministros aprobó el pasado verano su propio proyecto de Ley de Información Clasificada, una norma impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que se envió también al Congreso para su tramitación parlamentaria y que también está ‘congelada’.
El proyecto del Gobierno garantiza el deber del Estado de clasificar la información sensible que pueda afectar a la defensa nacional y a la seguridad ciudadana, pero también lo hace compatible con el derecho a la información y la transparencia, según la citada agencia.
El proyecto de ley establece, además, de forma clara que la clasificación de información tendrá carácter excepcional, debiendo estar debidamente motivada, y estipula que la relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.
Recoge el principio de desclasificación automática y pone plazos en función del nivel de secreto de los documentos. Así, la información clasificada como “Secreto” se desclasificará pasados treinta y cinco años y solo será prorrogable diez años más, también de forma excepcional y motivada; en total, 45 años, que precisamente son los que se cumplen de la intentona golpista del 23F de 1981.
