El texto legal ha salido adelante tras casi doce horas de debate en una votación respaldada por el Gobierno de Benjamin Netanyahu y varios partidos de la oposición y formaciones ultraortodoxas.
El contexto político y judicial resulta clave para entender su alcance real y las críticas que ha suscitado tanto dentro como fuera de Israel.
La nueva ley permite ejecuciones por terrorismo con procedimientos secretos y limita las garantías judiciales
Aplicación limitada a tribunales militares
La ley establece que su aplicación se circunscribe a los tribunales militares de Cisjordania, donde únicamente son juzgados acusados palestinos. En cambio, los ciudadanos israelíes, incluidos los colonos, continúan siendo procesados en tribunales civiles.
Aunque el texto contempla formalmente su aplicación a toda la ciudadanía, introduce una definición que restringe su alcance. En concreto, se refiere a quienes “causen intencionadamente la muerte de una persona con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel”, lo que en la práctica excluye a individuos con creencias sionistas, incluso en casos de violencia similar.
La norma incluye una definición que, en la práctica, excluye a ciudadanos israelíes de su aplicación
Menos garantías judiciales y ejecuciones secretas
La reforma introduce cambios sustanciales en el sistema judicial. Entre ellos, permite imponer la pena de muerte por mayoría simple del tribunal, eliminando la exigencia previa de unanimidad.
Además, suprime el derecho de apelación, autoriza ejecuciones en secreto por ahorcamiento y establece un régimen de aislamiento casi total para los condenados.
La ley no tendrá carácter retroactivo para los detenidos por los ataques del 7 de octubre de 2023, aunque el Parlamento tramita otra iniciativa que sí contempla aplicar este castigo con carácter posterior.
La ley elimina el derecho de apelación y reduce el margen de decisión de los jueces
Apoyo político y defensa del Gobierno
El principal impulsor de la norma, el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, ha defendido la reforma como un instrumento de disuasión.
“Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”, ha afirmado tras la votación.
El texto ha contado con el respaldo de Likud, así como de partidos como Yisrael Beitenu, Shas y Judaísmo Unido de la Torá.
Condena de la Autoridad Palestina
La Autoridad Palestina ha rechazado de forma contundente la aprobación de la ley, calificándola de “racista” y de “flagrante violación del derecho internacional humanitario”.
Desde la Presidencia palestina consideran que la norma constituye un “crimen de guerra” y alertan de una escalada de medidas contra la población palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza.
Asimismo, han instado a la comunidad internacional a imponer sanciones y exigir responsabilidades a Israel por prácticas que, según denuncian, incluyen torturas, aislamiento y ejecuciones.
La Autoridad Palestina denuncia la ley como una violación del derecho internacional y un crimen de guerra
Críticas de organizaciones de derechos humanos
Diversas organizaciones de derechos humanos también han mostrado su rechazo. El Centro Legal Adalah ha denunciado que la ley “institucionaliza el asesinato estatal” y vulnera el principio de igualdad ante la ley.
Su directora legal, Suhad Bishara, ha subrayado que la normativa está diseñada para aplicarse únicamente a palestinos y ha anunciado que será recurrida ante el Tribunal Supremo de Israel.
Adalah sostiene además que la aplicación de legislación israelí a población palestina en territorios ocupados constituye una violación del derecho internacional, al carecer la Knesset de autoridad sobre dicha población.
El organismo advierte de que esta norma podría suponer un crimen de guerra y representa, a su juicio, uno de los pasos más graves en la escalada de medidas contra los presos palestinos.
La aprobación de esta ley marca un nuevo punto de tensión en el conflicto, con implicaciones legales y políticas que podrían trascender el ámbito interno israelí y abrir un nuevo frente en el debate internacional sobre derechos humanos.
