La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. - DANI GAGO
En concreto, España se ha presentado a su segundo Examen Nacional Voluntario, donde los distintos países están rindiendo cuentas sobre su respectivo cumplimiento de la Agenda 2030. Belarra ha sido la encargada de intervenir ante la institución para presentar esta Estrategia, que se enmarca dentro del Informe de Progreso 2021.
«Hemos vivido uno de los años más difíciles de nuestra historia reciente. La crisis de la Covid-19 ha evidenciado que necesitamos construir sociedades más justas y que respeten los límites de nuestro planeta», ha declarado Belarra al comienzo de su intervención.
Según ha indicado, ante una situación «absolutamente desconocida e imprevisible, el sistema sanitario, educativo, el de atención a la dependencia y el resto de servicios públicos han demostrado que es lo público, lo común, lo que nunca se pone de perfil, lo que protege sin distinción de sexo, origen étnico o clase social».
La gente, según ha dicho la ministra, así lo ha reconocido y «salió a los balcones a aplaudir a los sanitarios». Además, ha defendido que desde el Gobierno y el resto de administraciones tuvieron «clarísimo» que debían «construir un poderoso escudo social que evitara que los compatriotas quedaran atrás».
«Prohibimos los desahucios, los cortes de suministro, desplegamos los ERTES para sostener miles de empleos, y hoy empezamos a ver la luz al final del túnel, los frutos de ese tremendo esfuerzo, y el tiempo nos ha dado la razón, gestionar una crisis cuidando de las personas no solo es más ético sino más eficiente», ha enfatizado.
Ahora, ha continuado, ante el reto de la reconstrucción económica y social, «España quiere mostrar que la Agenda 2030 puede y debe ser la hoja de ruta». «Necesitamos una reconstrucción sobre nuevas bases, cimientos más sólidos, y que llegue a cada uno de nuestros ciudadanos», ha señalado.
Para ello, según ha indicado, se ha desarrollado una Estrategia de Desarrollo Sostenible en colaboración con las comunidades autónomas, las entidades locales, el sector privado, la sociedad civil, los movimientos sociales, con los niños, niñas y jóvenes, y con el sector de la cultura. A todos ellos, les ha mostrado su agradecimiento.
En este sentido, ha subrayado que el Gobierno está determinado a hacer realidad las políticas aceleradoras definidas en la Estrategia, y ha apuntado que ya lo están haciendo, por ejemplo, «con la ley trans, la ley de libertades sexuales, la ley de cambio climático o con la inversión sin precedentes en transición ecológica o en el sistema de cuidados de larga duración».
«Creo humildemente que contamos con la voluntad, energía y determinación de construir un país mejor que cuide de todas las personas, que garantice los derechos de las mujeres, del colectivo lgtbi, como está demandando el fortísimo movimiento feminista español, que transforme nuestro modelo productivo y económico para hacerlo sostenible, que garantice los derechos de los que viven en el mundo rural, que proteja la biodivesidad, un país que mire al futuro con la esperanza de dejar a nuestros hijos e hijas un mundo mejor», ha zanjado.
Durante el examen, en el que también han intervenido, entre otros, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, o la vicepresidenta del Consejo de Desarrollo Sostenible, Filomena Ruggiero, se ha puesto de manifiesto la necesidad de un «futuro verde e inclusivo, y de que las políticas sociales encaminadas a cumplir con los retos de desarrollo sostenible tengan «una perspectiva feminista».
El Gobierno presenta la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, de la que tomó conocimiento el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, como el marco de compromisos proyectados para los próximos años, con el fin de acelerar la transición social y ecológica, así como garantizar una recuperación alineada con los principios y objetivos de la Agenda 2030, tras el impacto causado por la COVID19, según informa el Ministerio de Derechos Sociales.
Para ello, la Estrategia identifica ocho «retos país», configurados como los principales desafíos a enfrentar, cuyo abordaje será articulado a través de ocho políticas aceleradoras del desarrollo sostenible, definidas desde una perspectiva «multidimensional y multinivel» con el objeto de posibilitar un impacto sostenido a medio y largo plazo.
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