Exigen la suspensión de las negociaciones porque las disposiciones del tratado “atentan contra la democracia y los servicios públicos”. El Tratado de Libre Comercio (Transatlantic Trade and Investment Partnership) que la Comisión Europea y EEUU negocian desde junio del año pasado, y que no estará aprobado hasta 2016, vuelve a generar polémica. Más de un centenar de organizaciones europeas han alzado la voz, a tres días de las elecciones al Parlamento Europeo, contra las negociaciones que se están manteniendo con el país que preside Barack Obama. Estos colectivos han lanzado un manifiesto en el que exigen la suspensión del tratado porque “atenta contra la democracia y los servicios públicos”.
El texto se ha lanzado coincidiendo con la quinta ronda de negociaciones que se desarrollan entre el 19 y el 23 de mayo en Arlington (Virginia, EEUU), y en él organizaciones que representan a “una amplia gama de intereses públicos” como el medio ambiente, la salud pública, la agricultura, los derechos del consumidor o los derechos de los trabajadores, entre otros, piden acabar con el TTIP porque no es un texto ni “transparente” ni “democrático”. “Los acuerdos deben servir al interés público y a nuestro futuro común”, dicen las 120 colectivos firmantes, algo que no cumple el Tratado de Libre Comercio.
Tal y como explican, el TTIP afectará a temas como la seguridad alimentaria, los derechos de privacidad y protección de datos, las normas sociales y laborales y leyes de protección ambiental, y se está negociando “en nombre de los intereses de las grandes corporaciones, mercados financieros e industrias, y a expensas de la ciudadanía”.
Es por ello que las organizaciones firmantes reprochan a la Comisión Europea no sólo la “falta de transparencia”, sino también el “proceso anti-democrático de las negociaciones”, que en su opinión “buscan la eliminación y armonización a la baja de normas sociales, laborales y ambientales que hoy en día son garantes de la protección y de los derechos de las poblaciones y del medioambiente”.
Este manifiesto exige la “suspensión de las negociaciones” y que se elimine el mecanismo de solución de controversias entre inversor y Estado (ISDS), que consideran “una polémica disposición legal que se encuentra en cerca de 3.000 tratados comerciales y que permite a las corporaciones transnacionales demandar a los gobiernos por aquellas políticas públicas que pudieran significar un detrimento en sus beneficios económicos esperados”.
Asimismo, exigen a los negociadores que abandonen la propuesta de constituir un Consejo de Cooperación Regulatoria que daría a las corporaciones y los tecnócratas no electos “poderes sin precedentes” para determinar la regulación europea, estatal y local.
“Las negociaciones atentan contra la democracia y los servicios públicos. Perderemos leyes que protegen la salud y la seguridad en los alimentos o los productos químicos, por ejemplo, porque el objetivo principal del TTIP es suavizar las normas, reglamentos y procedimientos para adaptarlas en beneficio de las grandes multinacionales”, se quejan las organizaciones firmantes.
Además, este tratado será “un modelo para los acuerdos comerciales en todo el mundo, por lo que socavará aún más la capacidad de los países empobrecidos para hacer frente a las grandes corporaciones”, señalan.
Estas organizaciones denuncian también que “la creación de un mercado común transatlántico es el núcleo de la agenda de liberalización de la UE, y el TTIP amenaza con profundizar las políticas autoritarias y neoliberales aprobadas en los últimos años. La UE está revelándose a sí misma como una máquina que hace competir a los trabajadores entre sí, al tiempo que se desmantelan todas las prestaciones sociales”.
