La irregularidad del procedimiento se debe a que las operaciones debían pasar por la Comisión Delegada, algo que no ocurrió. A la falta de acuerdo entre las Autoridades del Canal y la española Sacyr para finalizar el proyecto de ampliación en Panamá, se suma ahora una ilegalidad: el aval que concedió la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce ) a Sacyr en 2009 fue “irregular”.
Así lo ha reconocido el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, que ha afirmado que ya que «no debieron haberse otorgado por ese procedimiento, que fue irregular», puesto que «las operaciones de esa cuantía deben pasar por la Comisión Delegada. Y ésta no lo hizo«.
No es la primera noticia que se tiene sobre la irregularidad de este aval. El Tribunal de Cuentas ya señaló deficiencias en el aval público de 160 millones de euros a Sacyr en el informe de fiscalización de la actividad de Cesce, recordando que debería haberse aprobado una orden ministerial que «amparase» las peculiaridades de esta operación.
En el documento se hace referencia a dos pólizas por las que Cesce cobró una prima de 16,4 millones de euros: «La primera de ellas se suscribió sin someterse en todos sus aspectos significativos a lo previsto en las condiciones generales para esta modalidad de seguro”, ha apuntado el Tribunal.
Respecto a la segunda, el organismo fiscalizador ha constatado que “las necesidades totales de aseguramiento que el exportador español requería no fueron íntegramente conocidas por la Comisión de Riesgos Cubiertos por Cuenta del Estado al tiempo de autorizarse la operación», por lo que los riesgos aceptados inicialmente por Cesce «sólo resultaron ser una parte de los que finalmente hubo que cubrir».
Por esta razón, el organismo tuvo que aceptar la ampliación de las garantías, pese a la envergadura del proyecto, para que así la viabilidad de la operación no se viera afectada y reducir las pérdidas que podrían haber sido insalvables.
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