El Constitucional luso declara ilegal la exigencia de la Troika de recortar un 10% las pensiones de los funcionarios. El Tribunal Constitucional de Portugal ha declarado finalmente ilegal el recorte medio del 10% en las pensiones de los funcionarios, y ha forzado de este modo al Gobierno de Pedro Passos Coelho a idear otras medidas de ahorro para cumplir con lo pactado con Bruselas.
Los doce jueces del Alto Tribunal, que analizaron la ley a instancias del presidente, Aníbal Cavaco Silva, han coincidido por unanimidad que el corte previsto para el año que viene es contrario a la Carta Magna.
El Ejecutivo conservador pretendía ahorrar con esta norma, aplicable a salarios superiores a 600 euros al mes, unos 400 millones líquidos, considerados fundamentales para cumplir con las metas de déficit del país para 2013 (5,5%) y 2014 (4% del PIB). Su objetivo era además acercarse a una convergencia entre el valor de las pensiones del sector público y las del sector privado.
El Gobierno, que ha insistido en que no tendría plan alternativo a un revés del Constitucional, deberá presentar medidas compensatorias a la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), los integrantes de la Troika acreedora que presta a Portugal 78.000 millones desde junio de 2011.
De hecho en la décima revisión a las cuentas lusas (finalizada el pasado lunes) los tres organismos resaltaron que Lisboa, aún con una sentencia desfavorable, reafirmaba su «compromiso» para alcanzar la meta fiscal del 4% el próximo año.
