Nicolás Maduro puede gobernar por decreto durante un año. Washington, preocupado por la permanencia en el poder del sucesor de Chávez. Venezuela sin Hugo Chávez no supone una Venezuela sin chavismo. Así lo ha querido la Asamblea Nacional que este noviembre escogió dar poderes al sucesor técnico del mandatario fallecido, Nicolás Maduro, para que pueda gobernar por decreto durante todo un año para así luchar contra la crisis inflacionista y la escasez sufrida en los últimos meses en el país.
Después de haber obtenido un resultado favorable en una primera votación celebrada el pasado 14 de noviembre, la Asamblea refrendó poco después la propuesta de conceder a Maduro la polémica Ley Habilitante, que ya amparó a Chávez en 2011, con el mínimo de votos necesarios: 99 votos de un total de 165.
Esta medida ha sido duramente criticada por la oposición del país, liderada por Henrique Capriles, y por países como EEUU. De hecho Jen Psaki, la portavoz del Departamento de Estado de EEUU, ha calificado la medida de “no buena” y ha reconocido que en Washington existe “preocupación” por la permanencia en el poder de Maduro.
En la trinchera contraria reinaba el optimismo. El vicepresidente Jorge Arreaza incluso recuperó el imaginario castrista para animar a sus partidarios, reunidos en la calle el día de la aprobación: «¡Llegó el comandante y mandó parar! ¡Llegó el presidente obrero y mandó parar!». «Lo que han visto es poco para lo que vamos a hacer para defender a este pueblo y sus derechos», dijo Nicolás Maduro, por su parte.
El mandatario dejó muy claro para qué quiere los mismos poderes especiales que Hugo Chávez ejerció en cuatro ocasiones: «Vamos a demostrar quiénes han estado mes tras mes saboteando la economía. Pusieron una dinámica para crear una burbuja en los comercios y llevar la economía hacia el caos. Bastante que dijimos reflexionen a tiempo y no va a haber arrepentimiento, pero me subestimaron».
El mandatario estrenará sus superpoderes con dos leyes: la del comercio, que pretende ordenar las importaciones, y la de costos y ganancias para bajar los precios de todos los rubros, por lo menos en un 30%. Maduro anunció que pedirá al Tribunal Supremo que esta reforma tenga carácter orgánico, «para defender los derechos y libertades económicos de este país y para que establezca el marco de funcionamiento de la nueva economía».
La oposición insistió ayer en el carácter «fraudulento» de la ley, «que pretende esconder los problemas que afronta». En un comunicado hecho público por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se insiste en que la verdadera intención de Maduro es hacer creer que su Gobierno no es el principal responsable de los «problemas económicos y sociales» que sufren los venezolanos. «Han forzado mediante toda clase de artimañas la sanción de una ley habilitante manifiestamente violatoria de la Constitución», destacaba.
La MUD resume así los intentos de compra de diputados, la inhabilitación de la opositora María Mercedes Aranguren y su sustitución por Carlos Flores, convencido a la fuerza (le expropiaron el 90% de la finca familiar) por el chavismo. Incluso la organización de derechos humanos Provea, de carácter progresista, recordó que la Habilitante «debilita el principio de democracia participativa y protagónica contemplado en la Constitución».
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