La junta de accionistas de YPF se reunirá esta noche en Buenos Aires para determinar si se cometieron irregularidades en las retribuciones que recibió en 2011 el entonces presidente de la compañía, Antonio Brufau. Se trata del último movimiento del Gobierno de Cristina Fernández por debilitar la posición del presidente de Repsol en las negociaciones para alcanzar un acuerdo tras la expropiación de la petrolera argentina en abril de 2012.
En el punto 18 del orden del día de la junta de YPF se propondrá a los accionistas que tengan en consideración un informe sobre “la percepción de honorarios en exceso” de la directiva de la petrolera en la etapa en la que Brufau dirigía la compañía y plantea acciones legales contra el empresario catalán. Pide el consentimiento a los accionistas (entre los que se encuentran bancos e inversores argentinos y estadounidenses), a pesar de que el Estado argentino controla la mayoría del capital (51%).
La duda que plantea es si las retribuciones habían sido aprobado o no por la asamblea de accionistas, tal como lo establece la ley de sociedades comerciales y el estatuto de YPF.
Según recogen varios medios argentinos, entre ellos Página 12 (muy cercano al Gobierno de Cristina Fernández) Brufau habría repartido 44 millones de pesos argentinos en sobresueldos durante 2011, unos 6,45 millones de euros.
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