Alrededor de 1.000 conexiones -30.000 al mes, en total- de electricidad son dadas de baja cada día en Grecia a causa del impago de la factura de la luz. Pero el asunto tiene trampa, porque dentro de esa factura se incluye un impuesto extraordinario sobre la propiedad, que es el que muchos ciudadanos habrían dejado de pagar.
Según informa el diario local Kathimerini muchos de estos impagos se deben a la incapacidad de los ciudadanos para hacer frente al desembolso económico que exigen estas facturas. La compañía estatal de electricidad acumulaba, de hecho, una deuda por cobrar de 1.300 millones de euros a finales del 2012. La polémica reside en que la mayoría de estas personas podrían, aparentemente, afrontar el pago de la luz. Es el impuesto extraordinario sobre la propiedad incluido en la factura el que no estarían liquidando.
Esta tasa, que entró en vigor en 2011 para ocupar ese año y el siguiente, ha vuelto al epicentro de la polémica después de que el ministro de Finanzas, Yiannis Stournaras, afirmase en Bruselas a mediados de marzo que podría extenderse en el tiempo y estar vigente, también, este año.
Si finalmente Stournaras lleva a cabo lo anunciado, estaría violando, en teoría, la Constitución del país. La Corte Suprema de Grecia resolvió en febrero del 2012 que este impuesto violaría la Carta Magna si su duración excediese los dos años. Sin embargo, las presiones de la Troika, que pide más impuestos, podrían anular cualquier tipo de debate legal al respecto.
