A pesar de la cantidad de estragos que han causado en la industria financiera, y por consiguiente en la economía global, nadie parece dispuesto a meterles mano a los productos derivados por el momento. Y eso que las promesas al respecto llevan sucediéndose años, tanto en Basilea como en Bruselas.
Tal y como informa Jan von Gerich, analista del banco sueco Nordea, la semana pasada el Comité sobre la Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) publicaron su propuesta final sobre los requerimientos que se van a exigir para que los productos derivados estén bajo la supervisión de los reguladores correspondientes. Pero este experto añade que «no hay duda de que habrá que esperar a los retoques antes de ver su implantación».
Esos «retoques» llevan protagonizando las agendas de ciertos reguladores desde hace dos años. «El cambio más importante en relación a las propuestas anteriores es la introducción de una exigencia a escala global que comprenda un margen de 50 millones de euros», ha explicado Jan von Gerich. En palabras más sencillas: que aquel que opere con productos derivados tendrá que dar detalles al respecto si estos comprenden más de la cantidad citada.
Esta clase de herramientas financieras –como los CDS o los CDO- han sido utilizadas durante años. El problema son las consecuencias. El año pasado el banco estadounidense JP Morgan Chase tuvo que reconocer un agujero en sus cuentas después de que uno de sus ‘traders’ asumiese demasiado riesgo en sus operaciones. Se tardaron semanas en contabilizar las pérdidas porque, al no estar regulados, es complicado saber cuánto dinero arrastran. Ese es el verdadero temor de los expertos: la incapacidad de vaticinar el efecto concreto que podría tener un colapso de determinados productos.
