Si Cristina F. de Kirchner no tenía bastante con lidiar con el descontento generalizado por su “pesificación” que pretende arrinconar el dólar y las caceroladas, la presidenta debe enfrentarse ahora a un nuevo sector que no está de acuerdo con su gestión: los conductores de coches blindados.
Este colectivo se ha puesto en huelga desde ayer a las siete de la tarde y durante 24 horas. Estas movilizaciones se están llevando a cabo en todo el país y si los conductores no consiguen lo que quieren (un aumento del 30% en su sueldo) contemplan llevar a cabo paros de 48 y 72 horas. Así lo ha asegurado el secretario adjunto del gremio de camioneros, Pablo Moyano.
Pablo es hermano de Hugo Moyano, el titular de la Confederación General del Trabajo (CGT) y en los años del presidente Néstor Kirchner, su “sindicalista de cabecera”. Con su viuda en la presidencia, la situación ha cambiado y las tensiones entre ellos son constantes. Por esto no es de extrañar que los Moyano hayan aprovechado para movilizar la calle precisamente en este momento, cuando hay una preocupación creciente por los ahorros y con el fantasma del “corralito” aún presente.
En la reunión con los dirigentes de la Federación de Empresarios del Autotransporte de Cargas (FADEAC), les ofrecieron una subida del 18% en tres cuotas. Aunque el gremio rechazó de pleno esta alternativa, pues seguía estando por debajo de lo que ellos consideran justo.
Estas 24 horas pueden llegar a ser críticas para los argentinos, puesto que podría ser complicada la reposición de efectivo en los cajeros automáticos. La huelga de los conductores de coches blindados coincide con los nuevos pasos que se están dando desde el Gobierno kirchneriano para “pesificar” la economía.
Esta semana, el Gobierno argentino ha presentado un cambio en la reforma del Código Civil y Comercial para que los contratos y las deudas en dólares u otras monedas extranjeras puedan abonarse en pesos. Esta nueva medida (que no se incluía en el texto anterior) supone que “debe pagarse a la cotización oficial”.
Este texto, llevado a cabo por juristas de la Corte Suprema y diferentes miembros del Gobierno, en cualquier caso, no afecta a las obligaciones de Argentina hacia los dueños de bonos ni a los depósitos en dólares.
La oposición, en boca del diputado de Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay, ex presidente del Banco Central, ha mantenido que no existe “ninguna justificación para la obsesión del Gobierno por la pesificación” porque, según ha asegurado, se trata de medidas que “ahuyentan depósitos y hacen perder reservas”.
Mientras, Cristina Fernández sigue a lo suyo. Ni oye a la oposición ni hace caso a la nueva cacerolada de ayer, que tendrá su réplica nuevamente el día 28 de junio. En lugar de eso, lo último ha sido cerrar la zona de la página web de AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) dedicado a la opción de compra de dólares para el ahorro.
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