Internacional

Microsoft y Google, enfrentados por la ley antipiratería

La posición Google, con respecto a la ley estadounidense Stoping Online Piracy Act (SOPA) ha quedado clara. Sean sus motivos tan desinteresados como pretende o no, el gigantes de las búsquedas en Internet se ha manifestado, junto con otras grandes compañías del sector en contra de su aprobación. Lo que hasta ahora no queda claro, es en qué lado de la plaza se sitúa Microsoft.

Microsoft no ha querido hacer comentarios acerca de la ley SOPA, y ha evitado llamar la atención acerca de su opinión. Quizás porque no le afecta directamente: no dispone de herramientas tan cooperativas y tan sencillas de “seguir” como las redes sociales (por el momento), y no tiene que lidiar con las publicaciones de usuarios poco respetuosos con los derechos de autor.

Pero lo cierto es que, indirectamente, se ha declarado a favor de la aprobación de esta ley que obligaría a los proveedores de Internet y a los buscadores a monitorizar los contenidos en sus “dominios” para evitar que vulneren el copyright, puesto que de ser considerados ilegales, el estado podría bloquear el acceso a la totalidad de una web.

Microsoft forma parte de la Bussiness Software Alliance (junto con 28 empresas tecnológicas como Apple, Dell, MacAffee o Intel). Y esta asociación publicó su apoyo a la nueva ley SOPA en un boletín reciente en que manifestaba su “elogio al director de la Cámara de los Representantes Lamar Smith por haber aprobado esta ley contra el robo de propiedad intelectual perpetrado por páginas ilícitas”.

El que calla, otorga. Puesto que Microsoft no ha expresado su desacuerdo con estas palabras, al igual que no lo han hecho el resto de empresas, cabe suponer que están de acuerdo. Más aún, si tenemos en cuenta que todas ellas pagan por ser miembros de BSA, por lo que están financiando la actuación del grupo.

En el lado opuesto del cuadrilátero, varias grandes compañías de Internet, entre ellas Google, Facebook, Twitter o eBay (redes sociales y buscadores principalmente, cuyos ingresos se basan en el tráfico de visitas y la publicidad derivada) se han manifestado en contra del anteproyecto de esta ley.

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