La nueva regulación bancaria que estudia aprobar el Reino Unido el próximo mes de septiembre podría suponer un retroceso en el tiempo para el famoso emplazamiento financiero de la Citi: Canary Wharf. Hasta 1980 esta zona era un complejo de muelles a orillas del Támesis. Ahora encara un futuro incierto, pues ya son varios los bancos que han amenazado con mudarse a otras latitudes si la normativa pendiente sale adelante.
El último caso ha sido el de Barclays, que ya ha iniciado conversaciones con los reguladores estadounidenses para establecer su sede en Nueva York debido a la llegada de estas nuevas normas el próximo mes de septiembre, y que exigiría a las entidades del país un mayor esfuerzo financiero. Los directivos de esta institución británica ya han gastado 30 millones de libras (34 millones de euros) en preparar la supuesta mudanza, y ahora evalúan los “cientos de millones de libras” que conllevaría su realización, según ha informado The Wall Street Journal, citando a una fuente sin identificar.
A pesar de estos avances, no se espera ninguna decisión hasta el próximo otoño, debido a que el Ejecutivo británico no anunciará la regulación finalmente aprobada hasta esa fecha. Además, en EEUU los reguladores también deben decidir qué aspectos de la Ley Dodd-Frank (que busca la transparencia en el sector financiero) se incorporan a la rutina de Wall Street, aunque son ya varios los expertos que han vaticinado unas medidas más suaves que en Londres.
Aunque la polémica inicial en las negociaciones que mantiene el Tesoro británico con los grandes bancos surgió en torno a las retribuciones de los directivos, actualmente la discusión se centra en la fortaleza financiera que debe asumir cada institución bancaria por si acaso surgen dificultades (Tier 1). Barclays cuenta actualmente con un Tier 1 del 7,81%, y puede ser requerido hasta el 10%. De establecerse esta última cifra, el coste para la entidad será de 15.000 millones de libras (algo más de 17.000 millones de euros) en 2012. O un 40% de su capitalización bursátil actual.
El caso de Barclays se suma así al de HSBC o Standard Chartered. Ambas entidades ya han advertido a Cameron que de salir adelante una regulación que exija separar el negocio de banca de inversión del negocio de banca minorista, tomarán medidas drásticas como el traslado de sus respectivas sedes a Asia y, en concreto, a China. Porque de lo contrario, ha asegurado Douglas Flint, consejero delegado de HSBC, la pérdida de clientes será importante. Además, Flint también argumentó durante una conferencia organizada por el banco de inversión Morgan Stanley que los nombres que aparecen en la lista sobre bancos que generan riesgo sistémico -actualmente cifrados en 20- deberían ser como mínimo 80.
Pero las protestas de los banqueros no sólo se dan en el Reino Unido. En Europa ya se han pronunciado, al mismo tiempo, varias instituciones financieras que, aunque no han amenazado directamente con su marcha, sí han pedido pruebas de solvencia de talante moderado.
El consejero delegado de BNP Paribas, Baudouin Prot, ha comentado hoy en un encuentro organizado, precisamente, en Londres que los reguladores bancarios no deberían adoptar medidas duras contra las entidades sino buscar una negociación con los banqueros basada en “el sentido común”. Prost ha dicho que unas pruebas de solvencia que obliguen a los reguladores a imponer una mayor regulación afectará al crecimiento del sector y, por lo tanto, al de la economía.
También se ha pronunciado el banco holandés ING, que ha emitido un comunicado hoy asegurando que las normas aprobadas -pero aún no en vigor- el año pasado en el marco de Basilea III (que exigió un mayor Tier 1 a las entidades a causa de la crisis) tendrán un efecto más negativo que el esperado en sus cuentas. En el comunicado remitido por esta entidad se argumenta que, de incorporase ahora lo acordado en Basilea, su Tier 1 pasaría del 9,6% actual al 8,3%.
Esta ronda de amenazas y reclamaciones que ha tenido lugar en las últimas 24 horas en las principales plazas financieras de Europa ha contado con una excepción: Francfort. La banca alemana no se ha pronunciado al respecto, aunque bien es cierto que el propio Bundesbank ya ha exigido unas pruebas de solvencia más suaves para los bancos germanos.
En este contexto, los bancos griegos e irlandeses no parecen atisbar la luz al final del túnel en el que llevan metidos meses. Este jueves salen a relucir las pruebas de solvencia realizadas a las entidades del Tigre Celta, y se espera que los resultados señalen un agujero financiero aún no cubierto. En Atenas, fuentes del Gobierno aseguran que el déficit público del país en 2010 será revisado al alza; hasta alcanzar un 10% del PIB.
Los resultados de los test de estrés a los que se ha sometido el sistema bancario irlandés por quinta vez en su historia podrían reflejar necesidades financieras de entre 23.000 y 35.000 millones de euros más, según las diferentes estimaciones. En cualquier caso, el ministro de Economía del país ha asegurado que esta vez no se va a publicar una versión optimista de la situación.
“Necesitamos un resultado honesto de una vez por todas, y que esté basado en el mejor y más elaborado análisis internacional”, dijo Richard Bruton, el titular de Economía irlandés. “No puede quedar ninguna sospecha tras presentar los exámenes de que se mira a nuestros bancos desde un cristal de color rosa”, comentó el político. Estas declaraciones hacen alusión a las pruebas de solvencias realizadas a decenas de bancos de la zona del euro el pasado mes de julio. En ellas, todas las entidades irlandesas resultaron aprobadas. Cuatro meses después, en noviembre, Dublín tuvo que solicitar un rescate financiero a Bruselas y al FMI ante el estado de quiebra técnico del sector bancario celta.
En Atenas el pesimismo también es palpable.
Desde el Gobierno se informó de que el 2010 había cerrado con un déficit público del 9,4% del PIB. Sin embargo, una fuente del Gobierno heleno citada por la agencia Dow Jones ha reconocido que esta cifra podría revisarse al alza y alcanzar un 10%. En 2011, el país quiere lograr un déficit del 7,4%. Esto significa que el Ejecutivo heleno, si quiere mantener el rescate financiero que comenzó a recibir en mayo de 2010 y recuperar, además, la confianza de los mercados, deberá aprobar nuevas medidas de austeridad que afectarán, muy posiblemente, a los bancos del país.
