La EFTA sostiene que Islandia está obligada por las leyes europeas a garantizar una compensación de 20.000 euros a los clientes de su filial Icesave, que captaba depósitos en Reino Unido y Holanda ofreciendo altas remuneraciones. Pero los islandeses, a través de dos referéndum, sostienen que no están obligados a efectuar ese pago. Y, además, aducen que fue el Gobierno británico el que precipitó la bancarrota de Islandia al aplicar las leyes antiterroristas a la banca del país del ártico para evitar la fuga de capitales.
Los bancos islandeses quebraron en octubre de 2008. Bastaron dos semanas para que las entidades del país se derrumbasen, apenas unos días después de que el 15 de septiembre de ese mismo año quebrara el cuarto banco de inversión más grande del mundo: Lehman Brothers. De entre los acreedores más destacados de la banca islandesa se encuentran los bancos británicos Royal Bank of Scotland (RBS) y Lloyds Banking, ambos participados por el Gobierno británico tras las ayudas recibidas durante los primeros meses de la crisis de 2008.
Islandia se vio obligada a dejar quebrar a sus bancos. Pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) y se vio abocada a una grave crisis económica que supuso una fuerte devaluación de su moneda, una subida de impuestos y un fuerte recorte del gasto público. La semana pasada anunció oficialmente que dejaba atrás la recesión.
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Islandia se enfrenta a los banqueros ingleses
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