Ocho meses han bastado a los alemanes para retirar su confianza en el Gobierno de Merkel, reelegida como canciller en las elecciones de septiembre. El plan de recorte de 80.000 millones de euros para ‘cumplir con los mercados’ ha sido la puntilla a un Gobierno que se tambalea.
Alemania es el país donde menos factura está pasando la crisis si se atiende a los datos macroeconómicos. Sin embargo, la falta de confianza de los inversores ha llevado a Merkel a adoptar un duro recorte de gasto de 80.000 millones de euros hasta 2014 que afecta directamente a las políticas sociales.
Esta respuesta ha sido bien recibida en los mercados pero ha supuesto la puntilla definitiva para desgastar a un Gobierno de coalición con fuertes divisiones internas. Varias encuestas publicadas en los últimos días muestran el descontento de los ciudadanos con su gestión de la crisis, un fenómeno que comenzó tras la aprobación del plan de rescate a Grecia. Esta situación se une a la decisión de Merkel de no cumplir con su principal promesa electoral de bajar los impuestos.
Según un sondeo elaborado por Infratest, sólo el 40% de los alemanes encuestados se muestra satisfecho con la gestión del Ejecutivo germano, mientras que el nivel de satisfacción se sitúa actualmente en tan sólo el 12%.
Otro sondeo elaborado por el instituto demoscópico Forsa, publicado por el semanario Stern y la emisora RTL, apunta a que si se celebraran elecciones ahora en Alemania, la coalición formada por el partido de Merkel, la Unión Cristiano Demócrata (CDU), su facción hermana bávara (CSU) y el Partido Liberal Demócrata (FDP), sólo conseguiría un 37% de votos, lo que supone 11 puntos menos que en los comicios legislativos celebrados el pasado mes de septiembre.
Francia y Alemania tiene gobiernos conservadores, sin embargo, su manera de afrontar la crisis está siendo bien distinta. Merkel, sin tener una necesidad real de hacerlo, ha impulsado un plan de recorte social. Sin embargo, el Gobierno de Nicolas Sarkozy en Francia va por otro camino. En lugar de grandes recortes sociales, ha optado por una medida moderada: subir la edad de jubilación dos años.
Por contra, ha anunciado la subida de impuestos a las rentas más altas, es decir, en su opinión, quienes ingresen en su nómina 70.000 euros al año. Una cifra inferior a la fijada por el Ejecutivo andaluz en España, que considera ‘ricos’ a quienes ganen más de 80.000 euros al año. El sueldo ‘señalado’ tiene un poder adquisitivo similar a unas retribuciones anuales de 55.000 euros en España.
