España abandonará la presidencia de turno de la Unión Europa sin conseguir su propósito de acelerar la regulación sobre los hedge funds. A pesar de que los ministros de Finanzas de los Veintisiete llegaron hoy a un acuerdo para endurecer el control de los fondos especulativos, éste no será debatido por el Consejo Europeo y el Parlamento hasta mediados de julio.
El Ecofin aprobó hoy la norma, que no se incluirá en las leyes nacionales hasta enero de 2012 según las previsiones de Bruselas, a pesar de la oposición del nuevo ministro de Finanzas británico, George Osborne, que aboga por unas normas más flexibles porque en la City se concentran entre el 70% y el 80% de los hedge funds europeos.
El principal punto de discrepancia es el tratamiento que debe darse a los gestores de hedge funds afincados fuera de la UE. Reino Unido reclama que, si estos gestores son autorizados por el supervisor de un Estado miembro, se beneficien de un pasaporte europeo que les permita operar en todos los países de la UE. Ello permitiría que los fondos de alto riesgo que se encuentran en territorios dependientes de Reino Unido como las Islas Caimán puedan trabajar en toda la UE si los aprueba la autoridad británica. De hecho, según Hedge Fund Research, la proporción de los hedge domiciliados en este paraíso fiscal ha caído desde el 40,1% hasta el 37,3% desde finales de 2008, mientras que el número de fondos que se han trasladado a Irlanda y Luxemburgo se ha incrementado en un 60%.
El resto de estados miembros se han opuesto a la propuesta británica porque consideran que los fondos de alto riesgo no estarían sometidos a las mismas exigencias de transparencia que impondrá la UE. Reclaman que se mantenga la situación actual, es decir, que los gestores de fuera de la UE tengan que pedir autorización en cada uno de los países en los que quieran operar.
A pesar de que el Ecofin ha rechazado la propuesta de Londres, los hedge funds creen que es una buena noticia contar con un conservador al frente del Gobierno. Entre los benefactores del David Cameron se encuentran nombres como Michael Hintze de GCC y Crispin Odey de Odey Asset Management.
Donde sí es posible que se logre llegar a un acuerdo, o al menos así lo quiere Alemania, es en la posibilidad de que el sector financiero contribuya a pagar los costes de la crisis de la deuda soberana que ha estallado a raíz de la situación de las finanzas públicas griegas.
Según ha señalado el parlamentario conservador germano Volker Kauder, “hemos acordado en el comité de coalición que el Gobierno haga campaña por una contribución europea y global de los mercados financieros”, que podría traducirse en un impuesto sobre las transacciones financieras o otras actividades relacionadas”.
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