La Comisión Europea y las organizaciones de protección de los consumidores de la UE han recibido numerosas denuncias de consumidores que han sido víctimas de fraude. Bruselas quiere ponerse seria con Facebook, Twitter y Google, las empresas más fuertes del sector de los medios de comunicación social y que parecen campar a sus anchas por todos los hemisferios.
Esa es la sensación, al menos, que tienen la Comisión Europea y las organizaciones de protección de los consumidores de la UE, que han recibido en los últimos meses un creciente número de denuncias de consumidores que han sido víctimas de fraude o estafa al utilizar estos sitios web, siendo sometidos a condiciones de utilización que no respetan el derecho de los consumidores de la UE.
Por esa razón, instituciones y organizaciones de consumidores se han reunido con Facebook, Twitter y Google para instarles a tomar medidas inmediatas – plazo de un mes – para que respeten las directivas comunitarias y el marco regulatorio de la UE.
Entre las medidas solicitantes, las redes sociales no pueden privar a los consumidores de su derecho de acudir a los tribunales de su Estado miembro de residencia. No como hasta ahora, que como informa la comisaria Jourivá, los consumidores de la UE “solo pueden recurrir a un tribunal de California”.
Además, en este campo, se propone que las redes sociales no puedan exigir que los consumidores renuncien a derechos imperativos, como su derecho a cancelar una compra en línea o que los contenidos patrocinados no puedan ocultarse, sino que siempre deban poder ser identificados como tales.
Por otro lado, en cuanto a las estafas y fraudes, la Comisión Europea y las organizaciones de protección de los consumidores consideran que estas empresas, en cuanto tengan conocimiento de tales prácticas fraudulentas, deben eliminar de sus sitios web los fraudes y estafas en que podrían verse envueltos los consumidores.
Además, les exigen no hacer trampas de suscripción. Como ofrecer a los consumidores la posibilidad de registrarse para una prueba gratuita, pero sin facilitarles información clara y suficiente, o la comercialización de productos falsificados. También quieren poner coto a las promociones ficticias tales como: «gane un teléfono inteligente por un euro», que han proliferado en las redes sociales y en realidad consistían en un concurso, pero que implicaba una subscripción a largo plazo oculta, con un coste de varios centenares de euros al año.
Facebook, Google y Twitter tienen un mes para enviar sus propuestas. La Comisión y las autoridades de protección de los consumidores examinarán entonces las propuestas definitivas. Si no son satisfactorias, las autoridades de protección de los consumidores podrían recurrir en última instancia a medidas coercitivas.
