Los detractores del CETA lanzan una nueva ofensiva para frenarlo

Convocadas manifestaciones el 21 de enero en todo el territorio nacional antes de que Bruselas ratifique el tratado de libre comercio con Canadá a primeros de febrero. El próximo 24 de enero el tratado bilateral de libre comercio de la UE con Canadá,  CETA, se votará en la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo por lo que las organizaciones que forman parte de la campaña‘NO al TTIP, CETA, TiSA’ han convocado movilizaciones en todo el territorio español tres días antes, el 21 de enero. Con estas movilizaciones quieren reiterar su rechazo a este acuerdo al que se oponen por considerar que “protege los intereses de grandes empresas sobre los derechos de las personas” y que provocará “una  reducción y degradación de las normas sociales, laborales y medio ambientales a favor de los intereses de las grandes corporaciones”.
 
Ese día, numerosas manifestaciones tendrán lugar en todo el territorio español, destacando la que hay convocada en Madrid, que está previsto se celebre las 17:30horas con un itinerario que irá desde Atocha a la Puerta del Sol.
 
Los detractores del tratado pretenden con sus movilizaciones quieren conminar al Parlamento Europeo, al Parlamento canadiense y a los parlamentos nacionales, provinciales y regionales, que tienen voz y voto en el proceso de ratificación, a votar en contra de la ratificación del tratado.
 
Ya que en la siguiente fase del proceso, la última antes de su aplicación provisional, el acuerdo en su totalidad (sin posibilidad de añadir enmiendas) será votado en el pleno del Parlamento Europeo, el 16 de febrero. Y en caso de ser ratificado, amplias secciones del tratado comenzarían a aplicarse provisionalmente, de forma previa a la ratificación final por parte de los distintos parlamentos nacionales.
 
Los organizadores de la campaña estatal -que agrupa  a organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y políticas de todo el país-  recuerdan que “el CETA ha sido cuestionado por amplios sectores de la sociedad civil, tanto en la Unión Europea como en Canadá por no ofrecer garantías respecto a la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales de las personas” y subrayan que “en la Unión Europea, más de 3,5 millones de personas han firmado una petición en contra del CETA y su tratado gemelo, el TTIP, que negocian Estados Unidos y la Unión Europea”.
 
Puntos negros
 
Y explican que a pesar de que varios anexos y “declaraciones interpretativas”  que han sido añadidas al CETA a posteriori para tratar de sumar apoyos, estos textos no modifican sustancialmente el acuerdo que continúa presentando numerosos problemas:
 
Advierten que el CETA “autorizaría a miles de corporaciones a demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta a través de un sistema de resolución de conflictos inversor-estado (ICS) de acceso exclusivo a los inversores extranjeros”, lo que sería “un auténtico sistema legal paralelo al que las corporaciones pueden acudir para defender sus derechos eludiendo los tribunales existentes, y al que ni las organizaciones de la sociedad civil ni las empresas nacionales tienen acceso”.
 
También alertan quienes se oponen a este acuerdo comercial que “en un neto contraste con los derechos de las corporaciones, las provisiones del CETA en cuanto a derechos laborales y desarrollo sostenible no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones y se quedan en declaraciones huecas que no equilibran otros capítulos del tratado que afectan a los derechos de los trabajadores o la protección del ambiente”.
 
Igualmente hacen notar que dicho tratado “limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas”.
 
Avisan, igualmente que el CETA hace que Canadá y la Unión Europea “sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros”.
 
E informan que “un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la Unión Europea como en Canadá, y que los pequeños beneficios del tratado serán fundamentalmente para los dueños del capital, con el consiguiente aumento de la desigualdad”.
 
Por si esto fuera poco, temen que el tratado de libre comercio “podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos” y que  “limitaría la capacidad tanto de la Unión Europea como de Canadá de actuar contra patentes excesivas”.
 
Asimismo, sostienen que “las normas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y a las regulaciones nacionales pondrán obstáculos adicionales a las regulaciones y reforzarán el papel de los lobbistas corporativos en los procesos de elaboración de las políticas, socavando potencialmente la adopción de políticas de interés público”.
 
Con el añadido de que “en ambos lados del Atlántico, el CETA expondría a los agricultores a una presiones competitivas que minarían su modo de vida, obstruiría las políticas de compra pública de alimentos locales, y amenazaría los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible”.
 
Finalmente, denuncian que “las medidas de precaución para proteger a los consumidores, a la salud pública y al medio ambiente pueden ser puestas en cuestión por el CETA, ya que ni en el texto ni en las declaraciones anexas se protege explícitamente el del principio de precaución en la política regulatoria europea”.

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